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Esta obra trata de un tema novedoso y poco estudiado, siendo de las primeras investigaciones realizadas sobre el sistema de justicia del trabajo que nació con las reformas a la Ley Federal del Trabajo de mayo de 2019; no es solamente descriptiva, sino analítica en los elementos teóricos que forman el corazón del sistema procesal. Igualmente, es práctica (partiendo del derecho comparado nacional e internacional), pues se establecen formularios de los escritos, actas o diligencias que forman parte del sistema de justicia laboral. También, este texto es realista, ya que parte de las problemáticas y necesidades provocadas en el viejo sistema procesal donde las Juntas de Conciliación y Arbitraje fueron el emblema de la ineficacia, y se enfoca en el futuro, las actitudes y aptitudes que los operadores del sistema procesal nuevo deben revestir. El procedimiento individual del trabajo es la totalidad de las actuaciones practicadas, comprendiendo dos grandes rubros: la de conciliación previa y el proceso. En la conciliación ante el centro de conciliación se analizan sus características y supuestos, incluso, se le compara con el Ministerio Público del trabajo de otros países, asimismo, se han agregado algunas estrategias de negociación por la necesidad legal y constitucional de agotarla antes de acudir al órgano jurisdiccional. Por lo que hace al proceso, se divide en dos etapas: la escrita, referente a la fijación de la litis por medio de los escritos de demanda y contestación; y la oral, integrada por dos audiencias, la preliminar y la de juicio. Requieren mención especial los análisis que se desprenden de las acciones y excepciones del trabajo, así del derecho probatorio del trabajo que se analizan en sendos capítulos. Por último, se hace la invitación al lector para que se sumerja en esta investigación, que cuenta con la ventaja de no desperdiciar espacios, pues no sólo se menciona la ley y la jurisprudencia, sino que se interpreta, evitando así transcripciones innecesarias con el fin llenar páginas con tesis del poder judicial de la federación que muchas veces no contribuyen al texto y que debido a los cambios legislativos quedarán en desuso.

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Este es el único libro dedicado al tema de la información ad perpetúan) como un procedimiento judicial para inmatricular bienes inmuebles. Hasta el día de hoy, los estudios que existen sobre la materia no son pormenorizados ni especializados, sino un tema o capítulo dentro de los textos en materia procesal o artículos de revistas, que no profundizan ni abordan todos sus aspectos. Este libro descubre que la información ad perpetuam es una verdadera acción posesoria, que no sólo sirve para inmatricular bienes inmuebles, sino para constituir una prueba para el futuro. La obra aborda su naturaleza jurídica, los elementos que lo constituyen y su relación con otro tipo acciones civiles. La información sobre la posesión resulta sumamente importante, por ello se aborda el estudio de los requisitos para que la prescripción positiva opere, los cuales son, en concepto de propietario, pacífica, continua y pública, requisitos necesarios para constituir el derecho de propiedad a favor del promovente de las diligencias de información ad perpetuam. Para un estudio completo, el autor aborda cada una de las etapas procesales, a las que hizo las observaciones que consideró pertinentes para ilustrar al lector en la substanciación de las diligencias de información ad perpetuara. Asimismo, cuidó que en todo momento se obtenga una sentencia definitiva favorable que pueda servir como título supletorio y primer antecedente de la propiedad. Por último, la obra incluye un formulario, de la demanda y otros actos procesales, que será de utilidad para el lector. Todo esto hace que el contenido del libro sea completo, acucioso y logre el objeto de ser un instrumento en la vida práctica de litigante.

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Nuestra constitución, al concebir el proceso penal, lo hace desde los paradigmas que sostienen al estado democrático, por eso lo funda en diversos principios que lo erigen, un princio toral es el de presunción de inocencia, pues para un estado democrático sólo se podrá considerar culpable a alguien que a través de un debido proceso, donde sea oida la persona imputada, éste sea vencido al derrotarse, más allá de toda duda razonable, dicho principio que lo amparaba. Pero para hacer prevalecer el principio de presunción de inocencia durante todas las etapas del proceso se requiere, necesariamente, que se actualice en todo momento otra de las garantías transcendentales para la persona imputada de un delito, esto es, contar con una defensa adecuada. Una defensa adecuada que ya no sólo se debe limitar a la circunstancia de que ésta recaiga en un abogado o licenciado en derecho, como lo exigen los artículos 20 apartado “A” fracción VIII y 17 de nuestra constitución y del CNPP respectivamente, sino que en forma extensiva, y como garantia procesal, se le debe exigir un conocimiento sistemático no sólo del proceso penal, sino también de la dogmática penal (artículo 121 CNPP), pues debe tenerse presente que el CNPP no sólo comprende las categorías procesales, sino también penales, ya que la consecuencia de no contar con ella obliga al órgano jurisdiccional a advertir al acusado para que se designe a otro. De ahí la importancia de proporcionar este tipo de herramienta para que, desde la práctica adquirida como juzgadores, se comparta con el medio de abogados o licenciados en derecho, que ejercen diariamente el cargo de defensor en los tribunales del país, el poder instruirse en el manejo sistemático del procedimiento acusatorio adversarial, pero también de aquellas categorías de carácter sustantivo que pueden resultar aplicables en los casos penales que defienden. Desde su primera edición, se pretendió exponer en forma detallada y sencilla cada uno de los conceptos jurídicos que comprenden no sólo las normas procedimentales, sino también las de carácter sustantivo con la finalidad de dar una mayor visión acerca de lo que se debate en cada audiencia. Sin duda, creemos que ha resultado ser una herramienta indispensable para el foro de abogados, tanta ha sido su aceptación que nos han permitido que la misma a su cuarta edición. Por eso, ésta se ha enriquecido con doctrina, casos prácticos, jurisprudencia nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, elementos claves para contar con un conocimiento jurídico sistemático de utilidad para poder brindar una asesoría integral acerca de cada caso que se tenga que defender en nuestros juzgados en materia penal.

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CONTENIDO: -CÓDIGO PENAL FEDERAL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. -LEY DE AMPARO. -LEY NACIONAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL. -CODIGO PENAL FEDERAL. -LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES. -LEY DE LA GUARDIA NACIONAL. -LEY NACIONAL DEL REGISTRO DE DETENCIONES. -LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA. -INDICE TEMÁTICO.

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La cordialidad dentro de la familia debería ser un valor que nunca tendría que estar ausente sin importar las circunstancias de la vida que se fueran presentando. La muerte de cualquiera de los integrantes de la familia provoca, además del dolor por la pérdida, descontrol e incertidumbre sobre el futuro. Es increíble darse cuenta que sólo basta tener diferencias con respecto a la repartición de los bienes materiales que hayan pertenecido a alguno de los integrantes para que surjan odios y rencores entre aquellas personas que crecieron juntas, pero, aunque lo óptimo sería dejar perfectamente definida la forma en que habrían de repartirse esos bienes mediante un testamento, en la práctica y por la falta de cultura de heredar de forma correcta no pasa así, es por eso que se hace evidente la intervención de la autoridad jurisdiccional para que, bajo su supervisión, se haga un análisis de a quienes les corresponde adjudicarse los bienes dejados por el de cujus. La intervención del juzgador se manifiesta mediante la denuncia que haga alguno de los posibles herederos de un procedimiento intestamentario. Su importancia y constante repetición hacen que este tipo de procedimientos no pudiera quedar fuera de esta colección de textos jurídicos. Es por eso que esta obra se estructuró de la siguiente manera: Antes de entrar de lleno en el aspecto procedimental de los juicios intestamentarios, es vital conocer la parte doctrinal, razón por la cual se inicia dando una noción muy detallada de lo que es la sucesión y los tipos que existen en nuestro sistema jurídico mexicano, las reglas que se deben seguir y el momento en el que se debe producir. La falta de manifestación de la voluntad del de cujus plasmada en un testamento, da origen a la apertura de una sucesión legítima, lo cual ocurre en muchas de las ocasiones, es por eso que se dedica todo un capítulo entero al análisis de este tipo de sucesión y se describe la forma en la que se deberá repartir equitativamente la masa hereditaria entre los hermanos o medios hermanos (hijos del de cujus), el cónyuge o concubino y, en su caso, los ascendientes e incluso los colaterales. También se hace un análisis del orden en que algunos de estos herederos tendrán preferencia sobre los otros y de cuando estamos frente a una sucesión ab intestato. Existe diversidad de variantes que se pueden presentar al momento de designar a quienes les corresponde heredar. En caso de que no existiera persona alguna contemplada por la ley con ese derecho, nuestro sistema jurídico mexicano examina la posibilidad de que la masa hereditaria pase al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. En el último capítulo doctrinal de esta obra, se realiza un estudio del procedimiento sucesorio intestamentario, analizando detalladamente cada una de las secciones que lo integran (de la sucesión, del inventario, de la administración de bienes y la de la partición y adjudicación de los bienes del de cujus). En esta colección de textos jurídicos se ha hecho énfasis no sólo en la parte doctrinal de los elementos que integran los procedimientos intestamentarios, sino que, además, se dota al lector de todo un expediente que contiene tanto los formatos de las promociones que son presentadas por las partes, como las transcripciones de los acuerdos que a estas les recayeron, para así podernos dar una mejor idea del criterio que emite el juzgador cuando las partes le hacen alguna solicitud, así podremos conocer la forma correcta de formular nuestras pretensiones. Estos formularios se encuentran enlistados en un índice especial para mejor comprensión del procedimiento y para optimizar su localización, es importante destacar que la forma en la que se dividen los formularios se hará según la sección que les corresponde, haciendo alusión a los cuadernillos que se van formando durante el procedimiento intestamentario.

$350.00

Dentro del contexto universal de la Declaración de los Derechos Humanos, encontramos que los alimentos forman uno de los pilares esenciales que deben estar presentes en el desarrollo de todo individuo, principalmente en el de los niños. Es importante considerar que los alimentos, en derecho de familia, constituyen una de las principales consecuencias del parentesco y una de las fuentes más importantes de solidaridad humana. Los cónyuges y los concubinos están obligados a darse alimentos, de la misma manera que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas (paterna y materna), que estuvieran más próximos en grado. La obligación de dar alimentos es recíproca, de modo que el que los da tiene a su vez derecho a pedirlos cuando los necesite. Es por esto que es trascendental la necesidad de dedicar un tomo de la presente colección de textos jurídicos a la figura de los alimentos. En este libro, como en todos y cada uno de los que integran la presente colección, se realiza una correlación de los códigos adjetivos y sustantivos de la Ciudad de México y demás entidades federativas del país, con ello esta obra se convierte en una herramienta útil no sólo para los estudiantes de derecho, sino para los mismos abogados postulantes sin importar el estado en el cual ejerzan su labor profesional. En cada capítulo se incluye el objetivo particular que persigue el mismo, se incluyen dentro del texto notas importantes que ayudan al lector a una mejor visión de lo descrito, así como ejemplos que sirven para comprender los conceptos plasmados. Además, al final de cada unidad hay un resumen de todos los puntos analizados. Asimismo, en la presente colección de textos jurídicos, cada uno de los tomos que la integran tiene un capitulado que fue creado con la finalidad de orientar, como ya se mencionó, a estudiantes y profesionales del derecho. En esta obra en particular encontramos que cuenta con lo siguiente:En primer lugar, se habla de la parte netamente doctrinal de la figura de los alimentos, se define este concepto, así como los atributos que le son conferidos, sin dejar de analizar qué elementos son aquellos que están contemplados en nuestra actual legislación como alimentos y las características que estos tienen. Para poder hablar del derecho que tienen los individuos a recibirlos, es necesario conocer su fundamento y justificación, por ello también se integra en el capítulo correspondiente de este libro. Un aspecto doctrinal que no podría quedar fuera de esta obra son las fuentes de la obligación alimentaria y el derecho humano que significa su disfrute. Igualmente se dedica un capítulo al estudio del derecho a percibir alimentos y los supuestos que deben estar presentes para que resulte procedente la existencia de la obligación. Algo que puede considerarse como parte medular de este tomo es la pensión alimenticia, la cual se describe de forma detallada, analizando cuáles son las personas que tienen la obligación de proporcionar los alimentos, los posibles deudores solidarios y las personas que están legitimadas para solicitar el aseguramiento de esta obligación. También se examina la capacidad económica del sujeto obligado a proporcionarlos y la manera en que pude garantizarlos. Existen diversas formas que permiten al deudor alimentario cumplir con su obligación, una de ellas es mediante BIDES, también conocido como billetes de depósito, que son expedidos y respaldados por BANSEFI (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.), cuya tramitación, características, cobertura, requisitos de adquisición y cobro se encuentran descritas más adelante. Se incluye, además, un formato de un escrito con el que se puede exhibir y depositar el documento en el juzgado que le corresponda, un formato para asentar razón sobre la recepción del billete y el formato del mismo. Se estudia la forma que utiliza el juzgador para determinar el monto o porcentaje de la pensión alimenticia y las causales que pueden existir para que resulte procedente la cesación o suspensión de la obligación alimentaria y la diferencia entre estos dos conceptos. Así como resulta procedente la cesación o suspensión de una pensión alimentaria, también pudiere ser factible la modificación en cuanto a incrementar el monto o porcentaje decretado con antelación. Como es sabido, el derecho a percibir alimentos corresponde al acreedor alimentario, mientras que la obligación de proporcionarlos corresponde al deudor, quien, si dejara de cumplirla, podrá, además de las consecuencias ineludibles en materia penal, ser inscrito en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios (Redam), un tema que se estudia detalladamente y que incluye cómo se puede realizar el trámite en línea para conocer si algún individuo se encuentra en dicho registro. Dentro del presente volumen encontramos que, ante la premura que significa el hecho de que los acreedores alimentarios reciban de forma pronta y expedita ese derecho que les asiste, la actual legislación de la Ciudad de México, a través de su Tribunal Superior de Justicia, contempla dentro de su Código Adjetivo, al igual que en otras entidades del país, la posibilidad de que quien tenga derecho a recibirlos (para sí mismo o en representación de otro), pueda asistir directamente al órgano jurisdiccional a solicitarlos. Es aquí donde encontramos el procedimiento de solicitud de alimentos por comparecencia, el cual se describe dentro de uno de los capítulos que integran este tomo segundo, donde se detalla la forma sencilla, los requisitos mínimos solicitados y el tiempo reducido de tramitación en comparación con el procedimiento escrito, puntualiza también que esta forma de solicitud tiene como principal etapa una audiencia de comparecencia, cuya acta hace las veces de escrito inicial de demanda, dentro de ella el juzgador dictará las medidas provisionales (incluida una pensión alimenticia provisional en cantidad líquida o porcentaje), la elaboración inmediata de los oficios de estilo dirigidos a la fuente laboral, el emplazamiento a la parte demandada y a la Defensoría de Oficio, con la finalidad de que se le designe un abogado que supervise y vele por la correcta resolución del procedimiento. Al igual que el procedimiento escrito, los alimentos por comparecencia referidos en este libro, constan de una etapa predeterminada en la que el deudor alimentario deberá dar contestación a la demanda instaurada en su contra, responderá de forma sistematizada los hechos y prestaciones descritos por la parte actora. Se hace en el apartado respectivo un análisis de lo que sucede dentro de la audiencia de ley que se lleva a cabo en el procedimiento en cuanto a las probanzas que se desahogan y los alegatos que se manifiestan, con la finalidad de crear tal convicción en el juzgador que, al momento de dictar su sentencia, decrete una pensión definitiva que sea justa, esta etapa de dictado de su resolución es la última contemplada por el capítulo correspondiente. Si bien es cierto que la solicitud de alimentos por comparecencia cuenta con diversas particularidades que la hacen una óptima opción para requerir ese derecho irrenunciable, la que pudiéramos considerar como la forma más conocida de solicitarlos es la forma escrita, por obvia razón, no se podía quedar fuera del capitulado del presente ejemplar de dicado a los alimentos. Asimismo, se hace un estudio detallado de todo el procedimiento, se inicia con la etapa postulatoria en la cual se analizan los requisitos que debe contener el escrito inicial de demanda, donde se contemplan las probanzas que resultan procedentes para este tipo de procedimiento, es así que hablamos tanto de una confesional como de su diferencia con la confesión judicial y la declaración de parte. Examinando esta prueba, se describe la forma como debe ofrecerse y prepararse, sucede lo mismo con todas las probanzas que contempla el procedimiento, incluyendo la testimonial, la instrumental de actuaciones y la presuncional. Una vez que la demanda ha sido presentada, se realiza un examen de los posibles autos que a esta le pudieren recaer y las medidas provisionales que en alguno de estos pudiere decretar el juzgador. Además del ordenamiento de emplazamiento de la parte demandada, que tendrá la obligación de dar contestación a través de varios sentidos, descritos también en el capítulo respectivo. Al igual que en la sección dedicada a la solicitud de alimentos por comparecencia, se observa lo referente a la resolución emitida por el juzgador, es decir, la sentencia y la forma mediante la cual se puede realizar su ejecución. Un punto muy interesante dentro del capítulo es un estudio de la forma en que el deudor alimentario que no tiene una fuente laboral estable, pueda garantizar la pensión que le ha sido decretada. Las figuras jurídicas que contemplan nuestra legislación pueden ser modificables, así como las resoluciones emanadas de los procedimientos que se realizan, es por eso que incluso una obligación como la de dar alimentos es susceptible de ser cancelada, es decir, se puede suspender o cesar según sea el caso y se realiza de forma incidental. Por consiguiente, esta obra contempla este tipo de procedimiento y estudia la vía en que se presenta, analiza los requisitos y formalidades que se deberán presentar, acompañados de la jurisprudencia que le resulta aplicable, las pruebas que se pueden ofrecer y todo el procedimiento de cancelación contemplando la audiencia de ley que se realiza, lo referente a los alegatos, la sentencia y su ejecución, además de la manera en que los oficios dirigidos a la fuente laboral ayudan para este fin, así como la posibilidad de que quien administra la pensión alimenticia tenga la obligación de rendir cuentas sobre ella, y se concluye con la parte dogmática referente al pago de lo indebido. Por lo que implica a la parte de la práctica forense dedicada a los alimentos, este volumen cuenta con un expediente completo de un procedimiento de solicitud de alimentos por comparecencia, en él no sólo se muestran los formatos que remite la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sino que, además, se exponen el acta de comparecía que, como ya se mencionó, hace las veces de escrito inicial de demanda, los formatos de los oficios de estilo que el juzgador ordena su elaboración y que van dirigidos a la Defensoría de Oficio del Tribunal, a fin de que se le designe un licenciado en derecho que habrá de representar a la parte actora, y el dirigido a la fuente laboral del deudor alimentario, a fin de que se realicen las deducciones decretadas por concepto de pensión alimenticia provisional. De todas las promociones presentadas por las partes, se hace una transcripción de los autos dictados por la autoridad, con la finalidad de analizar el criterio que el juzgador plasma en las diversas peticiones que le son entregadas y que concluyen con la sentencia emitida por el juez. Al final del tomo, se incluye un glosario de términos jurídicos muy útil para la mejor comprensión del texto contenido en esta obra, no se puede dejar de incluir la bibliografía consultada, la legislación que ayudó a fundamentar y a correlacionar las figuras que se mencionan y las páginas web que se examinaron.

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Si bien es cierto que la figura de la madre es pilar dentro del núcleo familiar, no se puede dejar de pasar por alto la importancia del padre, de ahí que la presencia de éste sea fundamental para el desarrollo de los hijos. Dentro del derecho familiar mexicano, la paternidad se define como la relación que coexiste entre el padre o progenitor y su hijo; esta relación confiere derechos y obligaciones para ambos. Las circunstancias de la vida pueden llevar a que el padre no siempre sea un elemento presente en la vida y desarrollo de los niños. En no pocas ocasiones, esta situación se debe al desconocimiento de haber sido padre o al negar de forma consciente dicho hecho, es aquí cuando aparece la figura del reconocimiento de paternidad, que puede considerarse un instrumento jurídico para que aquel que haya procreado un hijo y no le haya dado el reconocimiento formal lo haga, mediante un procedimiento judicial, el cual se encuentra conformado de elementos procesales muy particulares, como se verá a lo largo de este tomo 12 de la Colección de Juicios Especiales en Materia Familiar.

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Trabajar y esforzarse día a día no sólo debería implicar ir solventando nuestros gastos y necesidades diarias, sino crear un patrimonio para poder tener un futuro más desahogado y saber que, llegado el momento, podremos dejar un legado económico a los nuestros. Dejar nuestra voluntad debidamente estipulada, donde se describa la forma en que los bienes acumulados deban ser repartidos de manera particular o universal a uno o varios individuos, constituye la vía idónea para legar y, de esta forma, tratar en la medida de lo posible de no dejar problemas entre aquellos que por derecho les podría corresponder y otros más que pudieren creer que ese derecho les asiste. En el presente tomo de la Colección de Juicios Especiales, denominado Juicio testamentario, se analizan de forma detallada, primeramente, la parte doctrinal, es decir, las generalidades del derecho sucesorio, comenzando con el concepto de sucesión y la clasificación de la transmisión hereditaria. Como en todos los procedimientos que contempla nuestro sistema jurídico mexicano, existen elementos personales que los conforman, así hablamos de actor, demandado, aval, fiador, etcétera. Dentro del juicio testamentario, señalamos a un autor de la herencia (también denominado como el de cujus), al heredero o herederos y la diferencia que existe entre estos y los legatarios, al albacea, a los interventores, a los acreedores y a los deudores, cuyas figuras son detalladas y explicadas dentro de esta obra. Uno de los elementos esenciales del juicio testamentario es indudablemente la voluntad del autor de la herencia, con base en ella es que en nuestro derecho existen tres clasificaciones de la sucesión, como es la testamentaria, la legítima y la mixta, mismas que podrán ser resueltas mediante procedimientos, como el judicial y el extrajudicial, también conocido como notarial. En los referidos procedimientos, encontramos que las formas en que los herederos pueden suceder son por propio derecho, por transmisión, o bien, por representación, no debemos olvidar que el momento en el cual se produce la sucesión será a la muerte del de cujus o autor de la herencia.

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La filiación es un vínculo jurídico que puede nacer por hechos biológicos, o bien, por actos jurídicos que existen entre dos personas ya sean ascendientes o descendientes sin limitación de grado, es decir, se da entre el padre y los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, así como entre el hijo y los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera. La ley reconoce como consecuencias de este vínculo diversos derechos y obligaciones entre aquellas personas que se encuentran unidas por una relación filial, de esta relación se desprende una figura, tema principal de esta obra: la patria potestad. La patria potestad puede ser entendida como el conjunto de derechos y facultades que la ley concede al padre y/o a la madre del menor o a quienes la hayan reconocido (la ejercerán de manera conjunta, sin importar si se encuentran casados o no, o pudiera ejercerlo sólo uno de ellos, siempre y cuando exista el consentimiento por parte del otro), aplicables sobre ellos y sus bienes (siempre y cuando el hijo no se haya emancipado). Es importante destacar que la ley concede derechos y facultades, ya que es de manera directa una carga impuesta por el Estado, la cual no puede ser discutida, puesto que al momento en que se establece la filiación, los progenitores tendrán la obligación de estar con ellos, deberán cuidarlos y protegerlos, alimentarlos, educarlos, procurarles una formación integral, además de poder representarlos legalmente y administrar sus bienes. Si bien es cierto que en esta obra se busca hacer una práctica forense de “la pérdida de la patria potestad”, resulta importante e indispensable conocer el aspecto doctrinal de dicha figura jurídica, es por eso que se analizan aspectos como el hecho de que el cuidado integral del menor sea el objetivo que persigue la patria potestad. Como toda figura jurídica, también cuenta con características particulares que la diferencian de otras, mismas que se enuncian y se examinarán en la obra. Dentro del ámbito social encontramos que la familia se integra por padres, madres, abuelos, hijos, etcétera, pero es necesario saber quiénes de ellos son considerados como sujetos pasivos y/o activos dentro de la patria potestad, tarea que se lleva a cabo en esta obra. Si bien en cierto que se mencionó a padres y madres, hoy en día, encontramos que puede ser ejercida por los abuelos paternos en primer instancia y maternos como segunda.

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Cuando en una relación de pareja se da un rompimiento o separación, la mayoría de las veces resulta muy complicado para los involucrados, pero estas complicaciones son mayores cuando hay de por medio hijos involucrados, y ahí comienza un camino que puede ser muy incidentado, en primer lugar, por el mismo hecho de la separación y, en segundo lugar, por la importancia que implica la toma de esta decisión, ya que con ella se debe privilegiar el interés superior del menor por sobre cualquier otra cuestión. En razón de lo descrito en el párrafo inmediato anterior es que, en este tomo de la Colección de Juicios Especiales, los autores se dan a la tarea de realizar un estudio sobre el procedimiento jurídico para poder realizar un juicio de guarda y custodia, no sólo apostando la parte doctrinal que el tema requiere, sino que también dotan al lector de conocimientos que le ayudarán a conocer y, en su caso, a intervenir y participar de forma idónea en este tipo de procedimiento sin importar que sean estudiantes de derecho o abogados consolidados, esto mediante la presentación de casos prácticos que le dan al lector una visión directa del papel que debe desempeñar el abogado, dotándolo de herramientas útiles como lo es la jurisprudencia que se puede citar con la finalidad de crear convicción en el ánimo del juzgador, o como los formularios que conforman la parte forense de esta obra, la cual está integrada por todos y cada uno de los escritos presentados por la parte solicitante, que comienzan con el escrito inicial de solicitud, y que además se muestran los acuerdos que a estos les hayan recaído hasta la sentencia emitida por la autoridad, esto con la intención de mostrar cómo el juzgador se pronuncia ante cada una de las peticiones hechas y poder así estructurar una estrategia de litigio idónea para poder resolver este tipo de procedimientos.

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La reforma al sistema de justicia penal, incluye modificaciones en el plan de estudio del curso denominado "Derecho de procedimientos penales", de las facultades de derecho de las universidades públicas y privadas del país, con la finalidad que los estudiantes adquieran los conocimientos suficientes para el manejo de las diversas instituciones que presenta el modelo acusatorio. Estas modificaciones, además, deben prever la necesidad que el estudiante también conozca las instituciones del denominado sistema tradicional, el cual es aquel proceso penal existente antes de la reforma constitucional del dieciocho de junio del dos mil ocho; debido que, por años va a coexistir el trámite de causas bajo las reglas del sistema tradicional con aquellas causas nacidas bajo el nuevo sistema (el de corte acusatorio), hasta que la tasa de las primeras mencionadas desaparezca. En ese orden de ideas, se levanta la necesidad de volver a una "didáctica del proceso penal", que evite al estudiante confundirse ante las diferentes reglas, estructuras y trámites que presentan los sistemas mencionados en el párrafo anterior. En ese sentido, entendemos por didáctica del proceso penal, al conjunto de herramientas que presentan, de manera precisa y entendible, los contenidos de las diversas figuras jurídicas que nos trae el proceso penal acusatorio y oral; reforzados con cuadros y recordatorios, que permitan al estudiante identificar y aprehender las ideas principales de cada una de estas figuras.

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El matrimonio es el inicio de una nueva etapa dentro de la vida del hombre que vive en sociedad, los derechos y obligaciones a que nos constreñimos son tan diversos como las razones por las cuales permanecemos en pareja. Lamentablemente, tanto los individuos como la sociedad que la integran no son entes inertes que, sin importar los cambios o las diferencias, permanezcan sin modificarse. Los sentimientos pueden mutar o acabarse y en muchas ocasiones esto provoca diferencias irreconciliables, las cuales sólo pueden ser resueltas mediante la intervención de un juzgador, quien se convertirá en el tercero que ayudará a redimir estas diferencias y quien tendrá la obligación de velar por aquellos intereses que no pueden ser renunciados por ninguno de los divorciantes, así como apoyar la posible negociación de las responsabilidades que cada uno deberá continuar cumpliendo; de esta manera, ambos podrán continuar sus vidas de forma independiente con la posibilidad de volver a contraer nuevamente nupcias. Como ya se ha mencionado en introducciones de otros tomos que integran esta Colección de Textos Jurídicos, en cada una de las obras que la conforman, los autores nos hemos dado a la tarea de tocar los procedimientos que, como profesionales del derecho, tenemos la obligación de conocer, ya que algunos de ellos son los más recurrentes dentro de nuestra labor profesional. Es por esto que en esta obra hablaremos de los diversos procedimientos que existen para llevar a cabo un divorcio, el cual debemos entender en términos legales como la disolución del contrato de matrimonio o, dicho de una forma más sencilla, como la ruptura del vínculo matrimonial. Como mencionamos en párrafos superiores, resulta esencial hablar primeramente del matrimonio para poder así desarrollar de forma correcta el tema del divorcio; por esta razón, dentro del primer capítulo de este tomo se realiza un análisis detallado de dicha figura jurídica, en la cual se incluyen las nuevas concepciones que se le han dado en diversas entidades, como en la Ciudad de México cuando hablamos de matrimonio entre personas del mismo sexo. La naturaleza jurídica del matrimonio puede ser analizada desde distintos puntos de vista, por ejemplo, el que la describe como una institución, el que lo contempla como un contrato o como un acto condición, el que la define como un estado civil o visto como acto jurídico mixto, por mencionar algunos.

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Decía Miguel de Cervantes en su obra Don Quijote de la Mancha, “De gente bien nacida es agradecer los beneficios que se reciben, y uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud”. Sea esta tercera edición del “Proceso Contencioso Administrativo Federal” el momento propicio para agradecer nuevamente a los estudiantes y estudiosos del Derecho la aceptación a esta modesta obra que ve nuevamente la luz. En esta tercera edición hemos agregado un modelo de demanda en materia aduanera y de comercio exterior, así como un capítulo de jurisprudencia relevante aplicable al juicio contencioso administrativo federal, esperando sea de utilidad para el ejercicio profesional de los abogados postulantes.

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La secuela procesal no debe ser entendida como una línea recta, ya que el procedimiento principal se puede cortar o interrumpir con la finalidad de resolver controversias accesorias de carácter adjetivo, por medio de una sentencia interlocutoria; el hecho de resolver de forma anticipada una parte del principal demuestra la importancia que tienen los incidentes. En razón de lo descrito en el párrafo anterior es que en el presente tomo, los autores se dan a la tarea de realizar un estudio sobre los incidentes procedentes en materia familiar, no sólo aportando la parte doctrinal que el tema requiere, sino, también, dotando al lector de conocimientos que le ayudarán a conocer y, en su caso, a intervenir de manera idónea en este tipo de procedimientos, sin importar si son estudiantes de Derecho o abogados consolidados. Mediante la presentación de casos prácticos, la obra brinda al lector una visión directa del papel que debe desempeñar el abogado, dotándolo de herramientas útiles como la jurisprudencia que podrá citar para crear convicción en el ánimo del juzgador, así como los formularios que conforman la parte forense de esta obra, no sólo integrada por cada uno de los escritos presentados por la parte solicitante (que comienzan con el escrito inicial de solicitud), sino por los acuerdos que les hayan recaído hasta la sentencia interlocutoria emitida por la autoridad, cuya intención es mostrar cómo se pronuncia el juzgador en cada una de las peticiones hechas y, así, estructurar una estrategia de litigio idónea para resolver este tipo de procedimientos. El presente tomo 15 de esta Colección de Juicios Especiales, dedicado a los incidentes procedentes en materia familiar, aporta al lector, en su parte doctrinal, conocimientos básicos que le harán alcanzar un dominio del tema, con la finalidad de que realice el mejor papel cuando tenga la necesidad de intervenir en este tipo de procedimientos, pues, considerados de esta manera, ya que cuentan con todas las etapas procesales. Esta obra analiza primero la parte doctrinal de los incidentes, partiendo de sus generalidades, como es su conceptualización, objeto y clasificación; así como por un análisis detallado de los efectos que conlleva su interposición y la forma correcta para tramitarlos, tanto en la vía ordinaria como en la oral, particularmente en lo que refiere a la materia familiar. Asimismo, se realiza un estudio detallado de una de las características principales de los incidentes, que son las sentencias interlocutorias que el juzgador emite cuando éstos son tramitados, además, se menciona los procedimientos que se pueden tramitar mediante la vía incidental y se detalla cuándo son improcedentes. Por lo que refiere a la parte forense de este tomo 15, esta obra aporta siete procedimientos completos, que abarcan desde el escrito inicial hasta la sentencia interlocutoria emitida por el juzgador, entre los que se encuentran dos incidentes para solicitar el incremento o aumento de la pensión alimenticia, un incidente para la reducción, otro para tramitar la cesación y uno más para la cancelación de la misma obligación alimentaria, así como un incidente para solicitar la ejecución en vía de apremio, de igual forma contiene otro procedimiento con el cual se busca la regularización de un régimen de visitas y alimentos y, por último, un incidente mediante el cual se busca decretar la nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento hecho durante el procedimiento. Por otra parte, esta obra aporta elementos útiles para el desarrollo profesional del lector, los cuales, en algunos casos, servirán para confirmar el conocimiento adquirido con antelación y, en otros, para obtener nuevos conocimientos. Este es el caso del glosario que acompaña al presente tomo, cuya descripción de los conceptos ahí concentrados permiten conocer y emplear con precisión el lenguaje jurídico. Los incidentes, al ser una parte procesal de vital importancia dentro del derecho familiar, están regulados por las 32 entidades del país

$340.00

La falta de capacidad de ejercicio no es una limitante para que una persona tenga seguridad de que sus intereses están salvaguardados, de ahí la importancia de la figura jurídica de la tutela, ya que, si bien es cierto que su participación por sí mismos se encuentra restringida en determinados actos, al momento de decretar quién habrá de representarlos como tutor o curador debe haber certeza de que sus intereses estarán amparados bajo lo descrito en nuestro sistema normativo. En razón de lo descrito en el párrafo inmediato anterior es que en este tomo, los autores se dan a la tarea de realizar un estudio sobre el procedimiento jurídico para realizar un juicio de tutela, no sólo aportan la parte doctrinal que el tema requiere, sino, también, dotan al lector de conocimientos que le ayudarán a conocer y, en su caso, a intervenir de manera idónea en este tipo de procedimiento, sin importar que sean estudiantes de Derecho o abogados consolidados. La presentación de casos prácticos dan al lector una visión directa del papel que debe desempeñar el abogado, lo dotan de herramientas útiles, tales como la jurisprudencia que se podrá citar para crear convicción en el ánimo del juzgador; los formularios que conforman la parte forense de esta obra, no sólo integrada por cada uno de los escritos presentados por la parte solicitante (que comienzan con el escrito inicial de solicitud), sino, además, por los acuerdos que les hayan recaído hasta la sentencia emitida por la autoridad, lo cual tiene la intención de mostrar cómo se pronuncia el juzgador ante cada una de las peticiones hechas y, así, estructurar una estrategia de litigio idónea para resolver este tipo de procedimientos. El presente tomo 14 de esta Colección de Juicios Especiales, dedicado a las diligencias no jurisdiccionales para designar la tutela, aporta al lector, en su parte doctrinal, de conocimientos básicos que le permitirán alcanzar un dominio del tema, con la finalidad de que realice el mejor papel cuando tenga la necesidad de intervenir en este tipo de procedimientos. En la primera parte de esta obra se realiza un análisis de los efectos que conlleva la realización de las diligencias de jurisdicción voluntaria para declarar la tutela, se conceptualiza dicha figura jurídica y se describen sus peculiaridades. Hablar de tutela conduce a estudiar otra figura de igual importancia dentro de nuestro sistema jurídico mexicano, que es la interdicción, por lo que hablar de incapacidad natural o legal es inevitable para poder comprender los efectos de la tutela. Al examinar la tutela, nos encontramos con una serie de sujetos que intervienen, cuyas características particulares tienen que ser perfectamente entendidas por aquellos que se interesen en conocer el tema, razón por la que en este tomo se analizan a detalle. Al igual que cada una de las diversas figuras jurídicas que contempla nuestro derecho, la tutela tiene particularidades que la diferencian de otras, por lo que en esta obra se analiza su concepto comprendido en el Código Civil para la Ciudad de México. Además, esta obra establece las clases de tutela que el sistema normativo contempla, es decir, la tutela cautelar, testamentaria, legítima, de menores en situación de desamparo y la dativa; además, se menciona quiénes no pueden desempañarla. Como ya mencionamos, esta obra se refiere a los sujetos u órganos con que cuenta la tutela, por lo que se hace un análisis detallado de las obligaciones y retribuciones que tiene y a las que se hace merecedor el tutor; su capacidad para vender, gravar o transigir los bienes de los menores, incapacitados o ausentes; así como las características del curador. Además, contempla como órganos de esta figura jurídica al Consejo Local de Tutelas y a los jueces de lo familiar, quienes tienen una intervención importantísima en este tipo de procedimientos. Esta obra, al tener una doble esencia, no sólo contempla el aspecto doctrinal, sino, también, nos habla del procedimiento para declarar la interdicción de una persona y, así, nombrar tanto al tutor como al curador.

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$120.00

Esta obra es parte de la especialización de la Criminología, vinculando las áreas sociológica y criminológica a través de la articulación de teorías sociológicas de la criminalidad, revisando diversos autores relevantes en la explicación de la criminalidad desde esta óptica. Con esto, se sistematiza el conocimiento y se tiene una nueva Criminología especializada: La Criminología Sociológica, que ofrece la reunión y organización de las teorías y pensamiento desarrollados en alrededor de 100 años y hasta el presente, pasando por los autores, sus biografías, teorías, estudios, además de ofrecer datos relevantes como su formación profesional, familiar, laboral, cargos que ocuparían, distinciones recibidas, pertenencia a grupos, premios creados a su nombre, libros escritos, entre otros detalles.

$300.00

Efectuando un detallado análisis de las obras que existen con relación al tema que hoy se aborda, llegamos a la conclusión de que se requiere de una que aporte elementos suficientes para que el particular cuente con herramientas adecuadas para defender sus derechos, al momento de exigir el cumplimiento de lo señalado en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; una obra que esté actualizada y que, de manera clara y concisa, aborde los grandes temas relacionados con la aplicación de la ley.

$300.00

La seguridad pública como función del Estado, sigue siendo un área vulnerable y una tarea compleja en México, cada sexenio ha establecido su propia Estrategia de Seguridad Pública y en paralelo el modelo policial respectivo, sin embargo, en las dos últimas administraciones la delincuencia ha ganado terreno y con ello la percepción de inseguridad ha crecido, entonces es necesario replantear el tema desde el contexto agravado y proponer en consecuencia soluciones que gocen de eficiencia, eficacia y funcionalidad respectivamente.

$180.00

El objetivo general de esta obra es presentar a los alumnos del nivel licenciatura un bosquejo general del pensamiento de los autores más importantes en cuanto a la teoría de la Constitución, para que en un sólo volumen puedan tener a la mano sus ideas más significativas, independientemente de la posibilidad de que_ profundice en cualquiera de ellos mediante la consulta directa de las fuentes de información incluidas. Las preguntas que animan o que deben animar al estudio de la teoría constitucional son las elementales y referentes a la Constitución.

$195.00

Este es el primero de tres libros que he escrito sobre la etapa de investigación en el proceso penal acusatorio en México. Un libro que, sin ignorar la doctrina, la legislación comparada y la jurisprudencia, he escrito citando únicamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Un libro que, sin ignorar los contenidos de los protocolos, lo he escrito sin citar los protocolos.

$195.00

$200.00

$250.00

Ante un sistema fiscal complejo y un conjunto de leyes fiscales confusas y oscuras, resulta necesario que el contribuyente cuente con diversos medios de defensa legal en materia fiscal que le permitan enfrentar actos y resoluciones ilegales de las autoridades fiscales. En nuestro sistema jurídico pueden clasificarse los medios de defensa fiscal en tres grandes rubros: medios de defensa administrativos, medios de defensa jurisdiccionales y medios de defensa no jurisdiccionales. Los medios de defensa administrativos están constituidos por los recursos que implican la posibilidad de que la autoridad administrativa revise su propio acto, reconozca un error y corrija su actuación en virtud de la petición hecha por un particular. En cuanto a los medios de defensa jurisdiccional, existe el juicio contencioso administrativo, también conocido como juicio de nulidad, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación. El juicio contencioso administrativo se tramita ante los tribunales administrativos con la finalidad de resolver las controversias que se presentan entre los particulares y la administración pública en virtud de los actos emitidos por esta última. Mientras que el juicio de amparo es un medio jurisdiccional protector de los derechos establecidos en la Constitución Federal y los Tratados Internacionales de los que México forma parte y procede contra leyes o actos de las autoridades que violen los derechos humanos. Respecto a los medios de defensa no jurisdiccional, se habrá de mencionar la participación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente que conoce de cualquier acto en materia tributaria emitido por las autoridades fiscales federales, incluyendo a los organismos fiscales autónomos como el IMSS y el ISSSTE, a través del servicio de quejas y reclamaciones, además del procedimiento de acuerdos conclusivos.

$380.00

La política criminal o criminología preventiva debe articularse sobre las causas más sensibles que estimulan y fomentan la violencia y criminalidad; el que un criminólogo general se especialice en los factores criminógenos, será imprescindible para la detección de condiciones de riesgo que puedan desencadenar en criminalidad. Este libro ofrece un área especializada de la criminología general en lo referente a la etiología de las causas del crimen, es decir, a la criminología etiológica-multifactorial, que estudia cómo fueron apareciendo los factores criminógenos en el desarrollo de las personas y sociedades que conducen a circunstancias vulnerables. El capítulo I ofrece una reseña articuladora de las interpretaciones que se han hecho sobre la conducta criminal desde el pasado (criminología canónica), hasta llegar a la fase empírica-científica. Se muestran algunos conceptos de criminología general y su relación con el enfoque de investigación de los factores de riesgo para lograr la prevención y el tratamiento, en lo cual, es importante el estudio del desarrollo (criminología del desarrollo). En el capítulo II se señala la conceptualización y construcción de esta criminología especializada en lo etiológico, se revisan múltiples enfoques de abordaje de la criminalidad, los niveles de interpretación, la violencia y sus tipos, los factores de la violencia, la importancia del estudio de lo patológico, y los factores criminógenos y sus tipos, así como la clasificación internacional de los delitos como marco de referencia para una criminología comparada, así como los modelos de explicación de la criminalidad.

$230.00

El principio de generalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe que el legislador otorgue privilegios o áreas inmunes al pago de tributos. Así, las formas para liberar la obligación de contribuir con el gasto público son totalmente excepcionales y deben evitarse. Al resolver el amparo en revisión 1/2012,1 la Segunda Sala estableció que, en el caso de las exenciones, como forma de liberación a través del cumplimiento de ciertas reglas, requisitos o características previstos en ley, sirven para establecer criterios de justicia social y para satisfacer otras finalidades tuteladas constitucionalmente o derivadas de índole económico, político y social que se consideren de ineludible cumplimiento.

$350.00

Tenemos el honor y el gran compromiso de realizar el prólogo de esta segunda edición de tan extraordinaria investigación de la maestra en derecho, María del Carmen Ayala Escorza, realizada con la valiosa colaboración del licenciado, Juan Carlos García Alonso. Hablar de, Introducción al Estudio del Derecho, no es tarea sencilla, sin embargo, los autores la realizan con tanta facilidad en este libro, que nos atrevemos a ponerlo a la altura de grandes autores como los insignes maestros: Eduardo García Maynez y/o Luis Recasens Siches.

$350.00

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Por lo general, identificamos a nuestros países por tener una estabilidad económica endeble, bajos niveles de integración y cohesión social, altos índices de pobreza y frustración por no poder salir de ésta, la división de la economía es desproporcionada y la acumulan solamente unas cuantas familias. Por último y quizá lo más importante: una educación de su población que deja mucho que desear, debido a las débiles políticas públicas por parte de los gobiernos latinoamericanos, así como un sistema corrupto que permite que los recursos destinados a mejorar la educación de nuestros países, se desvíen fácilmente. Otra puesta en común que nos caracteriza son los servicios de salud de muy mala calidad, así como la protección social. Tal pareciera que las políticas públicas económicas y educativas no han ido de la mano. En la década de los noventa, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), propuso su Transformación productiva con equidad”, su objetivo principal era precisamente el desarrollo de América Latina y el Caribe en el año de 1990. Si bien, ésta no tuvo un impacto de mayor relevancia sí sentó las bases para que se pudiera analizar al menos la situación socioeconómica y educativa de la región de América Latina y el Caribe. Posterior a este documento, no se ha revelado ningún otro con las características e impacto que tuvo Transformación productiva con equidad”. ¿Por qué fue importante esta propuesta? La considero importante y de gran relevancia, ya que su propio objetivo lo es: […] formular una propuesta estratégica para contribuir a crear, en el siglo XXI, condiciones educacionales, de capacitación y de incorporación al progreso científico-tecnológico que hicieran posible la transformación de las estructuras productivas de la región en el marco de una progresiva equidad social” (CEPAL-UNESCO, 1992). Luego entonces, en el papel los sistemas educativos latinoamericanos y los esfuerzos de organismos como la UNESCO y la CEPAL no sólo son interesantes sino muy completos y se podría decir que muy novedosos. Sin embargo, ¿qué está pasando que no se pueden llevar a la práctica o mejor dicho, que no están generando los resultados esperados? Inicio respondiendo a esta pregunta con lo que para un servidor es la clave de la falta de un adelanto significativo en el ámbito educativo y me refiero al debilitamiento de la condición económica de los países latinoamericanos, la todavía presente brecha digital, la falta de políticas públicas que vayan encaminadas a la comprensión y desarrollo de verdaderos aprendizajes y no sólo contenidos, al privilegiar (aunque suene contradictorio) las políticas públicas recomendadas por los entes internacionales sobre las políticas públicas propias, entre otras tantas fallas detectadas en los sistemas educativos. La gran mayoría de nuestros países está en una espiral inflacionaria y en un desequilibro financiero, con una deuda externa incontrolable, así como la interna. En conclusión, la falta de políticas económicas y financieras sanas y con verdaderas miras hacia el crecimiento económico de los países de América Latina no han permitido invertir en educación como lo ha propuesto la CEPAL o la misma UNESCO. Los recursos financieros se desvían hacia ayudas sociales” que no se ven reflejadas en la educación. Es decir, es preferible para nuestros gobiernos apoyar a la sociedad más vulnerable con subsidios y entregas de alimentos y vivienda precaria que invertir en educación y promover que sea ésta la que impulse a la sociedad a salir de la pobreza. A todo esto, le sumamos que los países latinoamericanos no hemos podido marchar de una manera ordenada hacia las nuevas tendencias que en educación se requieren en el siglo XXI, no hemos podido transitar de un modelo pedagógico —como lo es el conductismo— a pesar de los grandes esfuerzos que centros escolares y docentes hacen por lograr los aprendizajes adecuados en los alumnos que tienen a su cargo. Asimismo, nuestros países han confundido cantidad con calidad.

$195.00

En esta obra el lector encontrará de una manera fácil y sencilla los elementos necesarios para comprender y aplicar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en todas sus etapas procesales en el Sistema Nacional Anticorrupción, con el fin de utilizar esta herramienta jurídica para el combate a la corrupción y en contra de los servidores públicos y particulares

$200.00

La criminología clínica en México, a lo largo de su historia y aplicación, se ha realizado de manera empírica, por tal motivo ha sido afectada la percepción de esta ciencia al carecer del fundamento científico que permita a los especialistas argumentar objetivamente los estudios clínIcos criminológicos. Las reformas en el sistema de justicia penal exigen a criminólogos realmente capacitados en sus áreas de acción, es por ello que esta investigación se basa en establecer 4 aspectos fundamentales mismos que son indispensables al momento de realizar un criminodiagnóstico: la clasificación criminológica, tipos de criminalidad, expansión criminológica y autoría criminológica

$180.00

En el presente libro se desarrolla un panorama general de la intervención del Perito relacionado con la especialidad en Balística de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Por lo que se abordarán los siguientes temas: • Desde las generalidades de la Balística Forense, así como los antecedentes históricos del Laboratorio. • El tema de seguridad, es la base para el manejo de armas de fuego. • Los dos Comités: CONEBAL a nivel nacional y AFTE a nivel internacional, contribuyen y actualizan esta especialidad. • Los procesos de manufactura que se aplican para fabricar armas de fuego. • Análisis que se realizan en armas de fuego y sus marcas de prueba, sus municiones y juguetes con apariencia de armas de fuego y de diábolos. • Sistema Integrado de Identificación Balística IBIS con sus estaciones de trabajo. Un caso de éxito y una investigación de los primeros 100 HITS. • Dos archivos “Características Generales del Rayado editado por el FBI” y “Tabla de Referencia de Armas de Fuego editado por la Policía Montada de Canadá”. • Una investigación sobre la pistola Five-seven. • Las partes que integran un dictamen de esta especialidad y cuatro ejemplos. Así como un tríptico.

$250.00

CONTENIDO: La estructura juridica del delito. Esquema abreviado para el análisis de casos en materia penal. Breve definición de los elementos que integran el esquema abreviado para el análisis dogmático de delitos. Principales reglas de juego del sistema penal. Argumentos dogmáticos para una "teoría del caso". La dogmática y la política criminal ante la reforma pena.

$455.00

La Traumatología Forense es la rama o especialidad de la medicina legal dedicada al diagnóstico, descripción, clasificación, valoración y pronóstico de las lesiones producidas bajo circunstancias presuntamente delictivas. Todos los códigos penales de nuestro país contemplan y sancionan la producción, culposa o dolosa, de lesiones. Así pues, ante la presunción de este ilícito, se desencadenan, por parte del personal de las entidades institucionales encargadas de procurar justicia, una serie de diligencias investigativas, la mayoría de ellas de índole pericial, encaminadas a demostrar, técnica y científicamente, la ocurrencia del hecho; reconstruir, en modo, espacio y tiempo, los eventos y circunstancias relacionados con el mismo; identificar a los sujetos involucrados en éste y precisar, con base en evidencias, la naturaleza y grado de participación de cada uno de ellos. Ante tales premisas, y tratando de ofrecer a los estudiantes y a los profesionistas dedicados al derecho penal, la información mínima necesaria en criminalística y medicina legal para abordar e interpretar este tipo de eventualidades, consideramos válida y útil la elaboración de la presente obra. Los datos aquí contenidos están distribuidos en seis apartados de extensión variable. La primera parte se ocupa del concepto de lesión y de los criterios utilizados para clasificarlas. La segunda parte está dedicada al estudio médico-legal de las lesiones producidas por los agentes mecánicos; ocupándose de las contusiones (eritemas, equimosis, sufusiones, hematomas, derrames cavitarios, heridas contusas, roturas y estallidos viscerales, distensiones y roturas musculares, esguinces, luxaciones, fracturas, aplastamientos y arrancamientos), abrasiones (erosiones y excoriaciones), heridas producidas por objetos ejercidos con acción punzante y/o cortante y los diversos tipos de heridas ocasionadas por proyectiles disparados por armas de fuego. En la tercera parte se abordan las lesiones producidas por agentes físicos; figurando entre éstas las quemaduras, heladuras, electrocuciones, fulguraciones y las alteraciones fisiológicas causadas por la disminución y el aumento de la temperatura y la presión medioambiental, las emisiones sonoras y las emisiones electromagnéticas (ondas de radio, microondas, luz infrarroja, luz ultravioleta, rayos X y rayos gamma). El cuarto y quinto apartado están dedicados al estudio de las lesiones producidas por agentes químicos (ácidos y bases inorgánicas, amoniaco, productos de belleza y secreciones de algunas plantas y animales) y biológicos (cornadas, mordeduras, arañazos, picaduras y lesiones por acción patógena), respectivamente. La sexta y última parte se ocupa en revisar la importancia y estructura general del certificado médico de lesiones.

$330.00

El daño ecológico representa un peligro latente, la contaminación del aire, agua y suelo han generado consecuencias que se aprecian a simple vista, 1a aplicación de la Contabilidad Ecológica permite cuantificar los daños ambientales y, a través de la información que proporciona, determinar el costo del impacto ambiental generado por las empresas. Las necesidades de información actualmente no son las mismas que hace algunos años, hay situaciones y factores que no eran relevantes, pero ahora son imprescindibles. El tema ecológico debe reflejarse en la cuantificación y minimización del daño, así como en su reparación, resarcimiento, control y prevención. Para conocer los beneficios de la aplicación de la contabilidad ecológica, se analiza el aspecto legal y normativo desde el ámbito nacional e internacional, las instituciones y organismos relacionados, los indicadores, los gastos relacionados y el tratamiento contable, además, se incluyen ejemplos prácticos. Existe el interés de las personas, empresas e instituciones por evitar el daño ecológico, es un camino largo y complicado que debe empezar a recorrerse.

$240.00

Curso de Derecho Civil" de la Licenciatura en Derecho, por ello no aspira -de ninguna forma- a ser el sustituto de la consulta de obras fundamentales de la enseñanza del derecho civil.

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La presente obra contempla los aspectos más importantes del Derecho Procesal Civil, pues dentro de su capitulado se describen los diversos criterios que se deben tomar en cuanta al momento de buscar clasificar un proceso que puede ser civil, mercantil o familiar, nos habla de las características y diferencias de los procedimientos orales y los escritos o tradicionales, además de especificarnos si estamos ante un juicio ordinario o ante uno especial. Derecho procesal civil analiza, de forma concatenada, las fases que integran un juicio dotando al lector de los conceptos elementales, características, requisitos, formalidades para la preparación y presentación, así como las particularidades de éstas. Los autores comienzan el estudio procesal civil con la etapa prejudicial que prepara el camino para iniciar la fase postulatoria de un procedimiento, la cual se inicia con la interposición de la demanda y su consecuente emplazamiento, donde, además, se analizan sus efectos. Posteriormente, nos hablan de la participación activa que tiene la parte demandada, describiéndonos las distintas actitudes que puede adoptar pudiendo, incluso, dar contestación, allanándose a las pretensiones de su contraria, o bien, reconviniendo, pudiendo incluso, demostrar falta de interés procesal conduciéndose en rebeldía. En esta obra también se analiza, de forma particular, la fase probatoria, describiendo en cuál de los sujetos procesales recae la carga de ésta, el objeto que se persigue al momento de ofrecer las probanzas y la forma en la cual deben ser preparadas para que puedan tener la carga suficiente que logre crear convicción en el juzgador. Debido a la diversidad de probanzas que contempla nuestro sistema jurídico mexicano, podemos considerar que el procedimiento probatorio es uno de los de mayor importancia dentro de un proceso litigioso, por lo que en Derecho procesal civil no sólo describe, sino que, además, analiza las probanzas como la confesional, la documental, la pericial, la testimonial, la presuncional, e incluso, la inspección y reconocimiento judicial, para así alcanzar la fase conclusiva que se integra por los alegatos que habrán de manifestar las partes ante el juzgador, finalizando la obra con un estudio sobre la sentencia, las distintas clasificaciones que de ésta existen, sus requisitos y formalidades.

$530.00

$260.00

$190.00

Es una obra que a diferencia de otras, hace énfasis en un diseño vial considerando al elemento más importante y que por décadas fue el más olvidado: el peatón. En las últimas décadas la gran mayoría de las ciudades orientaron su vialidad hacia el automóvil, basadas en un modelo de desarrollo urbano de especialización del suelo, economías basadas en el petróleo, etcétera, modelo que trajo consigo sus respectivas consecuencias que se han convertido en la pesadilla de muchas ciudades.

$190.00

La etapa intermedia es el momento procesal donde se define el objeto del juicio oral, sobre la base de una gama de hechos previamente fijados en el auto de vinculación a proceso. La importancia de la citada etapa procesal radica en ser el marco para la postulación de actos procesales como la acusación y la preparación de las condiciones procesales para el enjuiciamiento. En ese sentido, la etapa intermedia constituye el momento procesal para el control formal y material de la acusación, para el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como para la celebración de acuerdos probatorios por las partes. Igualmente, es el marco donde el juez emite el denominado auto de apertura de juicio oral, el cual señala la acusación que se debatirá en la audiencia de juicio oral, así como, el material probatorio a ser desahogado en la referida audiencia. En otras palabras, la etapa intermedia funge como el horizonte para la postulación de actos procesales decisivos para la persecución penal; asimismo se erige como un despacho saneador, al eliminar los vicios que pongan en peligro la validez del futuro juicio oral, así como, el ser el marco en donde se emite la resolución judicial que estable- ce el objeto del debate oral, esto es, el auto de apertura de juicio oral. Su estudio es decisivo en la dinámica del nuevo proceso penal, dado que, y como ejemplo de su importancia, antes de aprender cómo desahogar la prueba en el sistema acusatorio, debemos de conocer cómo ofrecerla, y ello lo encontramos en la etapa intermedia. De igual forma, la temática que se ventila en la citada etapa procesal es más profunda, al tener que abordar figuras tales como: acusación, acusación coadyuvante, contestación de la acusación, audiencia intermedia, control formal y material de la acusación, excepciones, acuerdos probatorios, admisión y exclusión de medios de prueba, sobreseimiento, suspensión del proceso, auto de apertura de juicio oral, entre otras. Por tales razones, el lector encontrará en el presente estudio, un análisis exhaustivo de todo lo que ocurre en la etapa intermedia, de manera sistemática, es decir, emplearemos, tal como lo hicimos en nuestros comentarios a la audiencia inicial, la metodología de concatenar actos procesales que nos permita una comprensión completa de la citada etapa procesal.

$340.00

Es un imperativo que el sistema de justicia penal debe ser constantemente revisado a fin de realizar los respectivos ajustes que permitan la emisión de decisiones justas e idóneas para la resolución de un conflicto de intereses surgido a consecuencia de la comisión de un ilícito penal. Ahora bien, en ese contexto se han levantado opiniones en torno a la aplicación de instrumentos conceptuales, por ejemplo, la teoría del caso, la cual permitiría la construcción de hipótesis de trabajo que descanse en el material fáctico, normativo y probatorio existente. Sin embargo, como categoría importada de un sistema jurídico tan distinto al nuestro, como lo es el anglosajón, ha originado una serie de mitos y malabarismos conceptuales entre nosotros, en torno a la teoría del caso, llegando a convertir su explicación en una suerte de espec- táculo circense, so pretexto de aplicar una metodología pedagógica, pero que, en realidad, disfraza un escenario dramático: el análisis de la teoría del caso a través de experiencias personales, impresiones o simplemente reducir esta figura a la respuesta de las preguntas: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, al respecto, véase el apartado 4.3 del presente estudio. En ese contexto, nuestra inquietud se revela en el sentido de: ¿la teoría del caso es simplemente la explicación de aquellas técnicas que nos han servido en la audiencia del juicio oral, con la advertencia al público de que, lo que no sirve a uno no necesariamente es de utilidad al otro. Si ello es teoría del caso, entonces tendrían razón aquellos que postulan que no le debemos dar mayor importancia a esta figura de la que realmente merece, ello, al estar reduciendo la teoría del caso al arte de persuadir, en este caso, al órgano jurisdiccional, en torno a nuestra personal versión de los hechos. No obstante, si teoría del caso es persuadir, entonces no necesariamente será un instrumento útil para el logro de un sistema de justicia penal basado en decisiones justas, siendo mejor eliminarla de nuestro entorno jurídico, alegando, como siempre se ha estilado con las figuras importadas de otros sistemas jurídicos, su falta de acoplamiento a nuestra realidad, su pragmatismo, por no decir trabajo intuitivo, que la misma revela, así como, la incompatibilidad con los fines que persiguen, en este caso, el proceso penal. Sin embargo, nosotros planteamos otro escenario, esto es, el considerar a la teoría del caso como una herramienta metodológica, que al verse integrada con otros esquemas conceptuales, como la teoría del delito, permitirá al abogado elaborar aquellos enunciados fácticos con identidad y relevancia normativa, susceptibles de ser verificados a través de las evidencias, permitiendo que, dentro un esquema cognitivo objetivistacrítico, el órgano jurisdiccional, al momento de valorar los materiales fácticos, normativos y probatorios, arribar a una decisión razonable, proporcional, acorde a Derecho y respetuoso de los derechos constitucionales, en otras palabras, a una decisión justa. Si con la teoría del caso vamos a persuadir, pues que sea con enunciados fácticos verificados a través del material probatorio y que presentan una correspondencia, en el caso del proceso punitivo, con las categorías normativas que nos ofrece la teoría del delito.

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Debido al creciente interés en la Criminología, por más de veinticinco años mi Tratado de Criminología, se ha convertido en una obligada referencia en las universidades latinoamericanas; animado por innumerables profesores de Criminología, por mis alumnos y por los alumnos de mis alumnos, a quienes me debo y motivado por mi editor don José Lui s Flores Reyes, quien conduce exitosamente la prestigiosa editorial mexicana Flores Editor y istribuidor, someto nuevamen!e a su juicio crítico mi Tratado de Criminología. Se ha dividido esta exposición en cinco partes: —— El estudio de su Primera Parte, tiene por objeto ubicar la Criminología como ciencia, esbozar las relaciones de la misma con otras disciplinas científicas, exponer su evolución y dar una explicación de la criminalidad. —— Conservamos a la Victimología a pesar de ser ahora una disciplina científica independiente, en la Segunda Parte, nos referimos a los modelos criminológicos, principiando por el Tradicional, dándole relevancia al de la Transición o Psicológico que aun siendo parte del Tradicional, es imperativo conocerlo de cerca, más aún ahora que en nuestra presentación incluimos la Criminología del Desarrollo y hacemos una aproximación a una nueva Hipótesis Criminológica desarrollista, que hemos denominado momentáneamente Tieghi-Reyes Calderón; continuando con el Modelo Liberal, seguidamente abordando el de Nueva Criminología y finalizamos con nuestro propio modelo denominado El Cuarto Enfoque Criminológico —una explicación a través del Derecho a las Alternativas—. En esta misma parte se tratan las principales modalidades delictivas contemporáneas como lo son la criminalidad de cuello blanco, los crímenes de la paz, el lavado de dinero, delitos por Internet, delitos biogenéticos e informáticos. —— En la Tercera Parte se habla de Política Criminal en los diversos modelos criminológicos y la reacción social que la misma ha provocado, con el propósito que la Política Criminal sea revisada profundamente y que la misma genere una legislación adecuada como respuesta a investigaciones criminológicas. —— La Cuarta Parte la dedicamos a la Penología, que se suma al Tratado, puesto que dentro del estudio de la reacción social del fenómeno que suscita el crimen, muchos criminólogos la incluyen como una parte de la Criminología, otros como parte de la Política Criminal y hay quienes nos aventuramos a conceptualizarla como la Ciencia que se ocupa de las sanciones penales, entendiéndose ésta como un continente con contenidos específicos, tales como el Derecho Ejecutivo Penal y el Derecho Carcelario en general y el Penitenciario en particular; y finalmente, —— La Quinta Parte de nuestro Tratado la dedicamos a un Glosario Criminológico, términos que serán útiles para la mejor comprensión de esta presentación académica. Como se podrán percatar mis lectores, especialmente los criminólogos, a pesar de que la Victimología, la Política Criminal y la Penología, han reclamado autonomía científica, se incluyen en la exposición para poder abarcar una buena parte de la Enciclopedia de las ciencias penales que nuestra materia contiene y específicamente responder a nuestro concepto de Criminología como: La ciencia que estudia la conducta desviada, las personas vinculadas a la misma y la reacción social que suscita, convencidos que las partes en que hemos dividido nuestra presentación responden en gran medida a este concepto y sobre todo que lo hace sistemáticamente, intentando y creo que con éxito, pasar de un tema a otro con meridiana claridad, siendo nuestro objetivo fundamental que en el siglo xxi, los latinoamericanos sigamos Haciendo Criminología y este Tratado es un esfuerzo en este sentido; espero que tanto docentes como estudiantes, criminólogos y estudiosos de la Criminología se sientan satisfechos y motivados para continuar en un intercambio lleno de experiencias de aprendizaje.

$595.00

El derecho administrativo sancionador en el Sistema Nacional Anticorrupción es en extremo garantista, es decir, contiene principios tales como la presunción de inocencia, el principio de no incriminación, la carga de la prueba para la autoridad administrativa, la obtención de la prueba lícita, entre otras. De tal suerte que dicho procedimiento se debe llevar a cabo de acuerdo al estricto mandamiento de las normas procesales y a los protocolos de investigación referidos para las Autoridades Administrativas de Investigación, pues en caso contrario, aun cuando el servidor público o particular haya realizado actos de corruptela no podrán ser sancionados administrativamente. Es importante señalar que las investigaciones realizadas por la Unidad Administrativa de Investigación de los Entes Públicos es de suma importancia para el combate a la corrupción; pues de ello depende, en la mayoría de las veces, de una correcta investigación y obtención de la prueba lícita en materia penal, sobre todo, en la Fiscalía Nacional Anticorrupción y en las locales; así como también las sanciones económicas a favor de la Hacienda Pública, las cuales serán ejecutadas por el Servicio de Administración Tributaria mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución.

$300.00

La formulación de imputación consiste en el acto de comunicación que ante el Juez de control realiza el ministerio público al imputado en relación a que está desarrollando una investigación en su contra por un hecho que le ley señala como delito y del cual se considera pudo haber intervenido ya sea como autor y participe. Este momento procesal es de suma importancia, pues representa la materialización del derecho fundamental del imputado a ser informado de forma clara, sencilla, precisa y suficiente de la conducta que se le atribuye, del modo, tiempo y circunstancias de ejecución de la misma, de su clasificación jurídica, de la probable forma de intervención delictiva, así como del nombre de su acusador. No obstante lo anterior, la trascendencia de la formulación de imputación muestra una doble relevancia, pues además de materializar el derecho fundamental del imputado a ser enterado de la investigación existente en su contra y del hecho que se estima realizó, la imputación también establece la lidia del proceso, es decir, los hechos sobre los que continuará la tramitación del proceso penal, ya que el Juez de control, al resolver sobre la vinculación o no a proceso del imputado, solo podrá dictar su resolución en relación a los mismos hechos materia de la imputación. El hecho materia de la vinculación, como un reflejo congruente con el hecho materia de la imputación será el que defina el hecho sobre el que girará el resto del proceso, lo que provocará que de presentarse acusación orden parte del ministerio público, está deba ser exclusivamente por los mismos hechos y personas relacionadas al auto de vinculación a proceso. De tal guisa, la presente obra estudia de manera detallada y minuciosa el marco normativo, derechos y consecuencias jurídicas que se derivan de tal figura dentro del marco del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual se lleva a cabo con la firme intención de abarcar el estudio de forma sencilla y clara, esto con la intención de que sirva como apoyo al fortalecimiento y mejor comprensión del sistema acusatorio mexicano.

$190.00

Más información en: Flores Editor y Distribuidor, S.A. de C.V. Calle Cuauhtémoc No. 1405 Col. Del Gas C.P. 02950, Azcapotzalco, México, D.F. Tels.: (55) 5556-0590 / (55) 5556-7020 / (55) 5355-1108 floreseditor@prodigy.net.mx Correos: floreseditor@hotmail.com floreseditores@hotmail.com

$200.00

Esta obra tiene como objetivo fundamental facilitar el conocimiento del Juicio de Amparo no sólo a los estudiantes de la carrera de derecho, que se inician en el conocimiento de esta apasionante materia, y a los abogados postulantes, sino a cualquier persona interesada en conocer los elementos básicos que la regulan; por otro lado, es una herramienta que coadyuva con los profesionales de la materia en su conocimiento y aplicación, ya que utiliza como metodología el principio de preguntas y respuestas en cada tema, complementándose con el criterio jurídico que deriva de las tesis de jurisprudencia y tesis relevantes más recientes aplicables a cada caso, emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los diversos temas que regula la Nueva Ley de Amparo vigente a partir del 2 de mayo de 2013.

$550.00

¿Qué herramientas tiene el derecho penal para enfrentar crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo atribuir la comisión de un delito al líder de una organización criminal? ¿Cómo distingue el ordenamiento jurídico mexicano a los autores de los partícipes de un delito? La experiencia internacional muestra diversas rutas para dar respuesta a estos interrogantes que, si bien transitan por distintos caminos, llevan a un mismo destino: enfrentar, con teorías sólidas, los desafíos que representa la comisión de graves crímenes cometidos por líderes de grupos organizados. Partiendo de la autoría mediata por dominio de la voluntad, en un aparato de poder organizado, pasando por la responsabilidad del mando (command responsibility) o la empresa criminal conjunta (joint criminal enterprise), los autores muestran la capacidad de rendimiento que estas construcciones teóricas tienen en el ámbito forense: son eficaces para imputar a los miembros de un cartel que ejecutan la orden del líder, como también a subordinados que cumplen órdenes de un superior, así como a un Presidente de la República. La doctrina mexicana es receptora, cada vez con mayor cadencia, de criterios modernos vinculados al derecho penal. Es necesario, sin embargo, profundizar el estudio de sus fundamentos e impulsar su aplicación en los tribunales. Nada mejor para lograr ese objetivo, que un texto dinámico, que ejemplifique cómo se ha desarrollado esta tarea en otras latitudes y que muestre su aplicación conforme a las leyes vigentes en nuestro país. Si lo que se pretende es llevar ante la justicia a los actores de los crímenes más graves cometidos en la historia reciente mexicana, este es un buen comienzo.

$335.00

Los accidentes de tránsito son una de las principales desventajas que han llegado con la creciente motorización de las calles, avenidas y autopistas. A pesar de los esfuerzos que se han realizado para tratar de disminuir la alta ocurrencia de tales accidentes o percances, es claro que aún sucederán muchos de ellos antes de que se encuentren formas más eficaces para evitarlos. Así, resulta altamente valioso todo aquello que permita reducir o incluso prevenir los costos y molestias que se derivan de los mismos accidentes. En particular, es especialmente importante el contar con las mejores bases para diagnosticar las verdaderas causas del problema. Ello es totalmente crucial para deslindar responsabilidades o culpabilidades. Además, es siempre aconsejable contar con una base técnica más confiable que la misma percepción y la tendencia natural a no reconocer o a justificar los errores propios. Así, podría evitarse en cierta medida, el escalamiento del conflicto, también natural entre las partes. Por supuesto, el reto que se enfrenta al realizar un peritaje es realmente enorme. A las dificultades técnicas habrá que agregar la presión que casi siempre se ejerce para que dichos peritajes sean realizados con rapidez. De hecho, cuando se realiza una investigación, el paso del tiempo, en sí mismo, es un factor en contra pues las evidencias y pruebas se pueden mezclar, perder o desvanecer. También pueden influir muchas circunstancias y factores fortuitos que pueden alterar las condiciones necesarias para revisar los peritajes. La magnitud del reto que presenta un peritaje no es y no debe ser pretexto para instituir reglas fáciles, generales y de dudosa representatividad. Tal es el caso del supuesto criterio que se aplica de que el que pega, paga. Como bien saben los expertos especialistas en peritajes de accidentes de tránsito, hay muchas ocasiones que el verdadero culpable es quien frena bruscamente, realiza maniobras de invasión de carril, rebasa inapropiadamente, realiza maniobras indebidas o sin avisar a los conductores que lo requieran o, en general, realmente no tienen el debido respeto a los reglamentos; así como la moderación y la cortesía que se requiere al conducir. Por supuesto, el conductor debe asumir los costos correspondientes si, como producto de su propia impericia, ignorancia o distracción provoca un accidente; sin embargo, también debe de mostrarse fehacientemente su culpabilidad aunque dicho conductor sea el que recibe el golpe. La realidad cotidiana nos demuestra que no siempre sucede así y que el culpable puede ser injustamente exonerado y hasta compensado por un daño que el mismo conductor provoca. Se puede afirmar que la base del principio de que el que pega, paga radica en otra regla, que afirma que cada conductor debe llevar la distancia necesaria para frenar. Si bien esta regla cuenta con más lógica, con base a los conocimientos de cinemática y dinámica vehicular, es claro que raramente es aplicable a los casos de imprudencia que se señalaron. Por ejemplo, aun desplazándose a la velocidad permitida por los reglamentos, es claro que, en ocasiones no se pueden hacer milagros; ya que si alguien invade nuestro carril y además frena intempestivamente, lo único que nos queda es el frenado en forma esquizofrénica y quizá bastante inútil. Los lectores saben que ese tipo de combinaciones prácticamente letales, desgraciadamente, sí suceden. No es nuestra intención el polemizar en estas líneas sobre la validez de ciertas reglas o ideales que se pueden estar aplicando. Lo que se quiere enfatizar o ilustrar es la necesidad de profesionalizar cada vez más y permanentemente a los que están encargados de dictaminar la responsabilidad de los accidentes, así como explicarse todas las causas y condiciones que hay detrás de cada accidente en particular. Es claro que su aprendizaje no sólo nos permitirá mejorar factores como la educación vial y los cursos de manejo para la conductores, sino que además nos permitirá corregir las deficiencias que se pueden presentar en el diseño, fabricación y mantenimiento de los propios vehículos, en la construcción y operación de la infraestructura, en la interpretación de reglamentos y, en general, en todos las actividades relacionadas con la circulación de los vehículos.

$190.00

El objetivo directo y fundamental que se propone en el presente trabajo es: 1. La creación del BANCO DE HUELLAS Y GENÉTICA, cuya finalidad será la de tener un control exacto de todas las personas nacidas dentro del territorio nacional, que estarán plenamente identificadas al registrarse en el Banco de Huellas, donde se capturarán sus huellas dactilares, el iris de sus ojos, así como su ADN, con el objetivo de lograr: a) Un control exacto de cuántas personas habitan en la República Mexicana. b) Evitar fraudes electorales. c) El robo de identidad. d) La desaparición de personas. e) Una sola y única identificación de por vida. Todas estas medidas de control serán un freno frontal para el delincuente, en virtud de que si decide llevar una vida antisocial, sabrá de antemano que al dejar cualquier huella digital o de sangre será plenamente identificado y consecuentemente atrapado. 9 786076 105207 ISBN: 978-607-610-520-7 Gabriel Vicente Farfán Rivera LA CONTRASEÑA PERFECTA E INFALIBLE En el caso de personas extranjeras que ingresaran al territorio nacional, tendrán que pasar por el mismo filtro ante el Banco de Huellas. 2. Que el acceso a todas las redes sociales, medios tecnológicos e internet, sólo se podrá lograr mediante la clave NIP o contraseña, que constará de las huellas dactilares y el iris de los ojos de las personas. Con esto podrán evitarse los delitos cibernéticos, como se explica en esta obra, ya que desgraciadamente la alta tecnología ha servido para que la delincuencia actúe en la oscuridad ocultando su verdadera identidad, pues es muy fácil proporcionar datos e imágenes falsas para poder actuar ilícitamente sin que se muestre el rostro verdadero, y los datos de donde provienen las conexiones y las solicitudes de amistad sean falsos, etcétera. Considerando que una identificación única real, actual, efectiva, para toda la vida sería la registrada en el BANCO DE HUELLAS Y DE GENÉTICA, ésta deberá elaborarse desde el nacimiento de cada persona prevaleciendo hasta el final de su vida. Deberá realizarse dentro de las 24 horas del nacimiento, con el objetivo de tener un registro formal y estricto de todo nacimiento dentro de México, cuya finalidad sería una identificación verídica y confiable que servirá a todos los ciudadanos, descartando el temor a un robo de identidad, e incluso, el Estado podrá tener un cabal conocimiento de todos los habitantes del país, con lo que podrá combatir eficazmente los principales delitos que constantemente se cometen, provocando un gran número de víctimas, además no sólo se podrán combatir los delitos en contra de la integridad y los bienes de las personas, sino que además se podrán evitar los grandes fraudes electorales.

$190.00

He repetido en muchas ocasiones la necesidad de una cultura de la libertad. Si no entendemos la importancia de la libertad no comprenderemos la importancia de las medidas cautelares y la excepcionalidad en ellas de la prisión preventiva. Especialmente, que privar de su libertad a una persona o a una serie de personas, aun cuando hayan cometido un delito y se les compruebe su participación, no resuelve el problema de la delincuencia, no resuelve el problema de la criminalidad. Como bien diría Juan Luis Gómez Colomer; la cárcel es el lugar donde queremos que este aquel que no queremos encontrarnos en la calle. No ignoro que cuando el proceso penal se introduce en Medidas de Coerción y/o de Cautela, es casi posible sostener —no sin razón— que el Proceso Penal —incluido el Proceso Penal Acusatorio— es en casi todos los movimientos procedimentales y procesales coerción y/o medida cautelar. Peor aún, limitación sino privación completa de la libertad de una persona. Esta generalización hace obligado este libro sobre Medidas cautelares en el derecho procesal penal. Con la poca cultura de la libertad apenas se logra, poco a poco, una cultura de solución del conflicto que conlleva, necesariamente, la libertad del imputado. Particularmente, en México derecho penal y privación de libertad parecen ser conceptos sinónimos. El auto de formal prisión en el modelo anterior se consolidó como decisión automática de la privación de ese derecho humano. De hecho, cuando es común que los delitos por querella no cuenten con detención del impu- tado, en México sí lo tiene (art. 148 CNPP) por 12 horas, 24 y hasta 48 horas. Vale aclarar —de inicio— que no hay especiales diferencias entre el Acusatorio y los demás Procesos Penales en relación con las medidas cautelares, especialmente, que éstas no obedecen al proceso sino, por el contrario, a una cultura de libertad —en cuando privación de libertad—, y/o a una cultura de la reparación del daño —en cuanto aseguramiento de bienes responsables—, especialmente, cuando se tiene la víctima como sujeto del proceso penal.

$320.00

Con prólogo del doctor Jacobo Herrera Rodríguez, quien ha colaborado con un prólogo en otra obra de esta misma colección. Le he requerido para coordinar esta obra por la experiencia que ha llevado a cabo con internos de la cárcel.

$170.00

Con prólogo del doctor Osvaldo Tieghi, que en sí, él mismo inspira la realización de esta obra y dicho título, siendo él el desarrollador de la reflexología criminal, y considerándome su discípulo, me doy a la labor de hacer lo propio en el ámbito de la criminología, adaptándola al conductismo mediante esta obra.

$180.00

¿POR QUÉ UN LIBRO SOBRE SUJETOS PROCESALES? Escribí dos libros que denomine Problemáticas Procesales con Flores Editores, pero tarde me di cuenta que a nadie le interesa conocer problemas sino soluciones. La verdad, estaba ofreciendo soluciones a los problemas de interpretación del Código Nacional. Envié al editor la No. 3 y, cuando estaba listo para enviar la No. 4, le pedí a José Luis Flores que me permitiera tomar los cuatro y escribir un solo libro sobre sujetos procesales, porque, en definitiva, los problemas procesales son problemas de los sujetos del proceso. Quien ha comprado los números 1 y 2 de problemáticas, encontrará muchas de las respuestas en este libro. Pero, se suman unas 300 preguntas más con su respuesta en una división de temas relacionados con los sujetos del proceso penal acusatorio para México. Más aún, los sujetos que han sido admitidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales. El fascinante mundo de nuestro trabajo profesional desde cada uno de los actores. ¡Qué importante conocer nuestra función dentro del proceso! Puedo asegurarles que este libro contiene 665 preguntas y respuestas sobre los problemas que enfrentan y las decisiones que asumen los sujetos del proceso en México. Preguntas y respuestas que he escrito, he publicado, he discutido, he leído y analizado las controversias y las he revisado al escribir el libro con la seguridad de que, desde el conocimiento que tengo del proceso acusatorio, mis estudios del modelo mexicano, las comparaciones que he hecho con otros procesos y mi personal experiencia en México puedo estar facilitando su uso y, desde mi criterio, su eficacia. Para ello he debido ser crítico.

$495.00

La evolución es un hecho inseparable que acompaña a la humanidad establecida como sociedad, este proceso trae como consecuencia que en la actualidad en nuestro sistema jurídico se implementen adecuaciones y reformas que busquen que la impartición de justicia sea la más útil para la realidad social que vivimos. De las razones que motivan estas reformas encontramos que la principal es que nuestro derecho cumpla con una de sus principales máximas, la cual invoca que la justicia deberá ser pronta, expedita y gratuita. Bajo esta premisa se ha encontrado que la oralidad es el medio idóneo para poder cumplir con dicha condicionante. La búsqueda constante de esta conceptualización de la justicia ha ocasionado que en épocas recientes se hayan hecho reformas significativas en nuestra legislación, lográndose así la implementación de los juicios orales en materia civil y mercantil, estos cambios y transformaciones tienen como fin el posicionar a nuestro país a la vanguardia en cuanto la impartición de justicia, con lo que se sigue la tendencia global que ya impera en otras naciones. En Práctica forense del juicio oral civil y mercantil se realizará un análisis de los procesos orales dentro de distintas culturas como la romana, la germánica o la española, así como la práctica de esta modalidad dentro del derecho canónico y en el México antiguo. Como se verá en esta obra, la oralidad está basada en principios básicos que la rigen, dentro de la oralidad civil y mercantil encontramos características y principios especiales que se analizarán aquí. También se verá por qué los procedimientos orales en nuestro país son considerados como un sistema mixto, y la finalidad que se busca alcanzar con su implementación dentro de nuestro sistema jurídico.

$450.00

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Sinopsis Durante el estudio de la carrera de derecho, el alumno cursa distintas materias de todas las ramas del derecho, con las que adquiere un conocimiento integral de la carrera. Cabe mencionar que también existen materias que no son propiamente jurídicas, pero son auxiliares del derecho, como economía, sociología, entre otras, que ayudan al licenciado en derecho a tener una visión más amplia de su profesión y de la interrelación con otras disciplinas, que sin ser propias de su carrera le son de utilidad. En principio, el alumno de la carrera de derecho adquiere conocimientos en materia jurídica, sin embargo es necesario reforzar dichas áreas, con principios éticos y valores, ya que el estudiante al ejercer la profesión se verá involucrado con un gran número de casos a los que deberá darle solución apoyado en el derecho, pero también conforme a los principios éticos y valores adquiridos en el hogar que se reafirman en la escuela y se practican en la sociedad.

$160.00

El sistema acusatorio se caracteriza por basarse en una metodología de audiencias, dentro de las que se deciden todas las cuestiones de importancia. Uno de los principales momentos procesales corresponde a la audiencia inicial, la que se integra en su caso por el control de la detención, ya sea por flagrancia o caso urgente, la formulación de imputación, el debate sobre medidas cautelares, el auto de vinculación o no a proceso y la determinación del plazo para el cierre de la investigación complementaria. Dentro de este contexto se destaca el debate en relación al control de detención que se realiza ante el Juez de control, ya que las estadísticas de la operación del sistema acusatorio arrojan que la gran mayoría de causas penales inician por la detención en flagrancia del imputado, ello como un reflejo de la problemática que enfrenta la capacidad y efectividad en la investigación del ministerio público, de los cuerpos policiacos y de los servicios parciales en nuestro país. De tal forma el control de la detención es un espacio común en la agenda procesal penal mexicana. En este escenario se verifica el primer debate entre las partes ante el Juez de control y en el que resulta esencial conocer las distintas hipótesis que desde la óptica de le ley se consideran aceptables para la detención sin orden judicial de una persona, los márgenes de actuación de los cuerpos policiacos en la detención, sus obligaciones en relación al respeto a los derechos fundamentales de la persona detenida, su obligación en relación a la realización de actos de investigación, en la conducción del imputado ante la autoridad más cercana, la actuación del ministerio público como primera autoridad en calificar las condiciones de la detención y la necesidad de que el imputado permanezca o no privado de su libertad, las acciones que puede desarrollar la defensa en función de este tipo de detenciones, lo que incluye el ofrecimiento y desahogo de medios de prueba tanto en sede ministerial como judicial y desde luego, el perímetro dentro del cual el Juez de control debe realizar su labor como un protector de los derechos fundamentales de todo imputado. Como se puede observar, el manejo preciso de todos los factores que inciden en el debate sobre el control de la detención resultan de natural importancia para todo operador del sistema acusatorio, pues en ese momento se podrá debatir e incluso desahogar prueba ante el Juez de control, lo que podrá generar ya sea la posterior formulación de imputación al detenido, o bien, su inmediata libertad. Todo lo anterior se estudia mediante el análisis de las distintas posibilidades de detención en flagrancia y Caso urgente que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, la jurisprudencia nacional e interamericana aplicables y el examen de casos prácticos desde la óptica del operador del sistema acusatorio.

$200.00

El nuevo sistema penal acusatorio no obliga a que los litigantes desarrollen sus funciones prescindiendo de la teoría del delito, es un corrillo alejado de la realidad. La teoría del delito, en tanto gramática de lo jurídico-penal, permite precisamente no sólo establecer ese diálogo entre las partes del proceso, sino que, además, fundamenta la decisión judicial. Si diéramos por cierta esa falsa aseveración, habría de preguntarse entonces cuál sería la herramienta comunicacional e interactiva que permitiría a las partes sostener la existencia de un delito o la falta de alguno de los elementos típicos que le definen, o afirmar en el hecho concreto la presencia de alguna causa de exclusión, una atenuante o una calificativa, ante el juez de control en las diversas etapas o, más aún, ante el juez oral. Por el contrario, en la aplicación del sistema penal acusatorio la teoría del delito tendrá, como hasta ahora, un papel determinante. La importancia de la teoría del delito y su necesaria consideración por la llamada teoría del caso, es en el nuevo sistema una herramienta imprescindible en la lógica del sistema penal acusatorio, en la actuación del ministerio público y en la defensa. Por ello hoy más que nunca es menester manejar a la perfección el derecho sustantivo penal y las partes generales y en especial del derecho de fondo, porque sin estos conocimientos el aún experto en proceso acusatorio adversarial nada tendría que hacer en la defensa, acusación o resolución de un asunto penal. Así, este trabajo pretende ser una herramienta sustantiva que complemente en el 50% la realización del objeto del nuevo sistema penal, junto con la teoría del delito en general. Demostrar con la investigación que la teoría del delito no se decanta por el sistema oral, más bien se refuerza y adquiere mayor eficacia. Ahora los litigantes, mediante el argumento hablado, deberán hacer ver sus habilidades sobre el dominio de los temas sustantivos que siguen, sin duda, siendo el bastión de esta nueva etapa de justicia, misma que, a partir de junio 2008, cambió todo el paradigma de la manera en que se aplica el derecho penal en juicio. Es verdad, este es un cambio radical que en 100 años no se había dado, pero principalmente fue adjetivo, es decir, en los procedimientos; la teoría del delito, la parte general y la parte especial del derecho penal sustantivo, siguen su desarrollo sustentado en la doctrina que proviene de toda la evolución del derecho penal y que en este estudio revisaremos.

$175.00

La Teoría General del Delito, es la parte de la ciencia penal que explica qué es el delito y las características que debe contener cualquier tipo penal. Con su conocimiento, determinaremos si hay delito o no, en cada caso concreto. El autor analiza el método que sigue la Teoría General del Delito, utilizando la dogmática penal y la política criminal para usar la sistematización y aplicación de razonamiento de las órdenes de la ley y las opiniones científicas en el ámbito del derecho penal. Contempla la tarea de interpretación de la justicia, que hace valer el principio nullum crimen, nulla poena sine lege que prohíbe la arbitrariedad en contra del autor de un delito, misma que im- pide la aplicación inicua del derecho penal, garantizando la seguridad jurídica. La dogmática penal es un instrumento de análisis del de- recho penal que establece construcciones sistemáticas de los diversos contenidos, como si se tratara de dogmas, es decir, de verdades. Se detalla la política criminal que es la función que el Estado adopta para cumplir su función en materia crimi- nal y tiene como objeto primordial la lucha contra el delito para lograr la vida ordenada en comunidad. Obra de gran valía, escrita por una persona dedicada al estudio y práctica penal por muchos años, no debe faltar en el librero del estudioso y penalista.

$195.00

Un relato histórico de la oncología médica en México combina en forma entrañable e inseparable el desarrollo de nuestra especialidad y la carrera del doctor Jaime de la Garza Salazar, un verdadero pionero de la oncología médica en México y el resto de la América Latina. Es ésta una historia muy personal y apasionada, y el relato es entusiasta para los estudiantes de la historia. Esboza ante nuestros ojos las dificultades y los obstáculos con que se debió enfrentar la especialidad en un principio, en parte por la falta de recursos y en parte por el escepticismo de los colegas y los modestos resultados iniciales de la quimioterapia, combinados con efectos colaterales frecuentes y desagradables. El paralelo entre los años iniciales del doctor de la Garza y los de la oncología médica demuestra la importancia de la persistencia, la insistencia y la determinación para triunfar. Sin estas cualidades, ni el autor ni la especialidad hubieran llegado al lugar actual, donde ambos están bien establecidos, y aún mas, brillan por sus logros. Las frustraciones y desengaños del joven doctor de la Garza simbolizan los fracasos frecuentes y fallos de la quimioterapia en sus primeras etapas. Los que gozamos hoy de la etapa más madura de la oncología médica, y el lujo de poder hablar de los triunfos de la especialidad, con evidencia actual de que la quimioterapia cura los tumores del testículo, varias neoplasias hematológicas y etapas tempranas de cánceres del colon, la mama y los tumores malignos de la infancia, no recordamos ya cómo los que nos precedieron sufrieron derrota tras derrota, tanto a nivel del paciente individual como a nivel institucional, cuando el fracaso de tratamientos individuales se traducía en el relegamiento de la oncología médica a algún rincón oscuro del hospital, perseguido por la burla y el escepticismo de los colegas.

$300.00

Dentro de la constante evolución que vive nuestra sociedad, consecuentemente nuestro sistema jurídico también experimenta reformas y adecuaciones que tienden a buscar medios de impartición de justicia más adecuados a su realidad social, el objetivo principal es lograr materializar la máxima jurídica que reza: La justicia deberá ser pronta, expedita y gratuita; con el fin de alcanzar este esquema jurídico se ha implementado en las distintas materias del derecho la oralidad como medio idóneo para lograrlo. A nivel federal, en 2008, fuimos testigos de las reformas realizadas a diversos numerales de la Carta Magna mediante los cuales se implementó la oralidad en materia penal. Por lo que se refiere al ámbito local, en el 2013 entraron en vigor reformas hechas al Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Para el tema que se trata en la presente obra, resulta de relevante importancia saber que el 27 de enero de 2011, se reformaron y adicionaron diversos artículos del Código de Comercio mediante los cuales se implementan los juicios orales, ahora en materia mercantil, estas reformas entraron en vigor exactamente un año después, donde se destaca la creación de todo un capítulo dedicado al juicio oral mercantil. La tendencia global que impera en otros Estados, ha influenciado directamente a esta transformación del sistema jurídico mexicano, con esto se busca posesionar a México a la vanguardia de la evolución jurídica. No obstante que en distintas entidades la oralidad ya era una realidad jurídica, fue en la Ciudad de México donde tuvieron verificativo los primeros juicios orales en materia mercantil. Cuando se habla de la oralidad sin especificar una materia, nos remite directamente a los principios que la rigen. En esta obra se realiza un análisis de estos principios, los cuales no sólo resultan aplicables a la materia mercantil. Con la correcta aplicación y conjunción de estos principios, se busca obtener prontitud y brevedad en los procedimientos litigados en esta modalidad. Uno de los fines principales que busca esta oralidad es la de resolver un procedimiento en un plazo no mayor a cuatro meses, con lo que se podría reducir de manera significativa el tiempo y los recursos (materiales y económicos). Parte importante para el correcto desarrollo de los procedimientos orales mercantiles es el aspecto humano. Por parte de los juzgadores, éstos se han mantenido en constante preparación para poder enfrentar los distintos asuntos que se han ido presentando, dentro de los elementos humanos que interviene en los juicios destaca la participación de los abogados, tanto noveles como experimentados. Para ambos es necesario conocer las Técnicas de Litigación que les permitan lograr no sólo cumplir, sino destacar dentro del litigio, es aquí donde encontramos la razón de la presente obra, ya que con ella pueden obtenerlas y tanto los estudiantes como los abogados podrán alcanzar este cometido.

$365.00

En los Estados Unidos, el banco HSBC celebró con la Fiscalía un deferred prosecution agreement, comprometiéndose a abonar unos 1,900 millones de dólares, y a cambio no se le abría proceso penal, a pesar de la gravedad de los delitos que se le imputaban, entre ellos, el haber blanqueado miles de millones de dólares procedentes de los grandes carteles mexicanos del narcotráfico; y ello después de que hubiera reconocido los hechos y a pesar de las pruebas abrumadoras existentes contra ella. Ello, permite estudiar las razones por las cuales reconocer responsabilidad penal a las personas jurídicas; pero también el tipo de investigación que se debe efectuar en casos como el del HSBC, y como la actitud de colaborar con los órganos de procuración de justicia pueden activar mecanismos procesales, como el principio de oportunidad —pensando en el sistema jurídico mexicano— propio del derecho penal premial. Por otro lado, en México, en Cuajimalpa, explotó una pipa de gas, al lado de un Hospital Materno-Infantil, causando varias muertes, así como lesionados y daños en la propiedad. Es el caso que se dictó auto de vinculación a proceso en contra de la persona jurídica: Gas Nieto, propietaria de la pipa; con ello se impuso a la persona moral, una medida cautelar de carácter económico consistente en la garantía de $146980,336.65, así como, la inhabilitación de operaciones. Al final, la empresa optó por una salida alterna, pues llegó a un acuerdo reparatorio con las partes afectadas mediante el pago de aproximadamente sesenta y seis millones de pesos. Ello, nos conduce a revisar tópicos como la compensación económica por daños y perjuicios ocasionados a consecuencia de un hecho ilícito, las medidas cautelares para asegurar el futuro pago así como evitar riesgos para la comunidad; además, de la posibilidad que las empresas imputadas celebren acuerdos reparatorios u opten por las figuras previstas en el artículo 424 del CNPP.

$270.00

El principio felicitamos al doctor Ismael Camargo González, coordinador de esta obra colectiva, pues una vez más centra su atención en el desarrollo de obras académicas, donde su dedicación y experiencia, sin duda, se hace presente. También externamos nuestras felicitaciones a todos y cada uno de los colaboradores y colaboradoras que han hecho posible que este importante documento esté hoy en sus manos. Esta obra reúne de temas de gran interés que, hoy en día, en el campo del derecho son relevantes para el desarrollo y aplicación de éste. El título, Argumentación jurídica y lingüística. Lenguaje discriminatorio y sexista, intenta posicionar el argumento jurídico como un elemento esencial en toda práctica del derecho, a la vez que conjuga y potencia el lenguaje como medio de comunicación y pone en evidencia el uso inadecuado del lenguaje discriminatorio y sexista.

$500.00

La presente obra tiene como finalidad proporcionar a los abogados postulantes una serie de consejos para el desahogo de las pruebas que por su especial naturaleza necesitan de una preparación para su perfeccionamiento en los juicios orales familiares. Por tal motivo, se encuentra redactado en forma de manual, pues contiene una guía de instrucciones precisas para el desahogo de las pruebas, la corrección de problemas comunes que se dan durante esta etapa así como el establecimiento de pasos a seguir durante el perfeccionamiento de los medios probatorios. Finalmente, se decidió analizar las pruebas que no se desahogan por su propia naturaleza, sino que necesitan especial preparación, por cuanto estos medios de convicción implican el manejo de ciertas destrezas y habilidades por parte de los abogados, quienes deben dominarlas para alcanzar el éxito en los juicios orales familiares, en específico se estudian la confesión, declaración de parte, testimonial y pericial así como el tema de objeciones.

$190.00

Los bienes que constituyen el patrimonio de una persona, pueden ser de diversa índole y acorde con la doctrina jurídica, pueden tener diversas clasificaciones, pero con el avance de las tecnologías de la información y la comunicación, se ha reconocido una nueva categoría de bienes, denominados, bienes binarios, aquellos de los cuales ejercemos la propiedad y/o la posesión y que se albergan en un espacio virtual, siendo uno de los más comunes, el ciberespacio, por ello, resulta indispensable, el reconocimiento de esta nueva clasificación de bienes y en consecuencia, una regulación jurídica adecuada, en el aparato normativo que rige nuestro país. En el segundo capítulo se estudia el tema del Estado v su teoría para ubicar al Poder Judicial como un órgano del mismo v al juez como el actor de ese órgano, ubicando las tendencias actuales de la visión del Estado. En el capítulo tercero, relativo a la jurisdicción, se estudia el concepto desde el ámbito procesal, constitucional y se concluye contemplando esta institución como un derecho fundamental del gobernado. En el capítulo cuarto, la parte más novedosa de esta investigación, se estudia al juez como un ser humano desde sus dimensiones biológica, intelectual, emocional y espiritual. En el capítulo quinto se plantea lo que es el sistema procesal acusatorio y oral.

$150.00

Como lo habíamos anunciado en el primer número de esta colección, el día de hoy presentamos el segundo número, tratando de cumplir con el compromiso adquirido de una publicación trimestral. Hemos dicho que no hay otra intención más que acercar al amable lector a nuevos contenidos dogmáticos (sustantivos y procesales), de estudiosos dedicados al ámbito del Derecho Penal en el orbe. En esta ocasión, tenemos el gusto de presentar los trabajos de tres jóvenes figuras jurídicas de Colombia y México.

$190.00

México, en el decurso de su historia ha transitado por los tres sistemas de justicia penal que a la fecha ha sido capaz de inventar el ser humano: el inquisitivo, en la época de la colonia; el mixto, en el siglo xx; y el acusatorio o adversarial, en el siglo xxi. Dicha transición es producto de las crisis de los sistemas de justicia penal inquisitivo y mixto; por tal motivo, las sociedades democráticas contemporáneas han acogido el sistema de justicia penal acusatorio o adversarial. En la antigua Grecia se encuentran algunos rasgos del sistema de justicia penal acusatorio o adversarial, pero fueron los juristas ingleses quienes lo desarrollaron y los norteamericanos lo perfeccionaron, a tal grado que constituye un modelo para diversos países del mundo, que lo han adaptado a sus circunstancias en la forma que estimaron pertinente los legisladores y asesores locales, incluso con el apoyo de instituciones gubernamentales de los Estados Unidos de América, como la Agencia de los Esta- dos Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development, USAID). España, Colombia, Chile y México, por citar algunos países, tienen un sistema de justicia penal acusatorio o adversarial sui generis. Evidentemente, el que nos interesa en este trabajo es el mexicano. En la medida en que nos hemos acercado al estudio del sistema de justicia penal nacional, la referencia más frecuente es la del modelo de justicia penal norteamericano; salta a la vista que, para entender nuestro propio sistema de justicia penal es ineludible estudiar el actual modelo estadounidense. Por ejemplo, recientemente se publicó en la Gaceta del Semanario judicial de la Federación del 19 de febrero de 2016, la Tesis aislada número 1ª.XXVI/2016 (10ª), en la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desarrolló el concepto de control provisional preventivo e incorporó en él el concepto de sospecha razonable. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no contempla la sospecha razonable pero, si estudiamos el sistema de justicia penal norteamericano, podemos encontrar que ella (reasonable suspicion) es un criterio estándar que permite a la policía detener y cachear a las personas, que fue creado en la década de 1960 por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos bajo la doctrina Terry. Si pretendemos estar al tanto de la forma en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación entiende, aplica y desarrolla la sospecha razonable en el sistema de justicia penal acusatorio mexicano, es indudable que debemos conocer la manera como opera en los Estados Unidos de América, por tal razón en este trabajo acometemos dicha empresa. El estudio se divide en dos capítulos. El primero contiene algunos mecanismos que ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América, para materializar o ejecutar la IV Enmienda que es el documento en donde se inserta la noción de sospecha razonable, de la que exponemos el contexto en que surgió y la expansión que tuvo.

$180.00

El fenómeno social de la violencia es un problema global presente en México y por ende en la Ciudad de México, que se manifiesta de diversas formas; resultante de factores individuales familiares y sociales. Consecuencia de este fenómeno son las víctimas. Ardua es la tarea en este campo. Trabajar con víctimas es complejo: va más allá de escuchar el dolor, la tristeza e impotencia de quienes han vivido una situación delictiva. Entendiendo que la línea entre ser víctima o no, es muy delgada. Es por ello, que un grupo de entusiastas profesionistas nos reunimos con la intención de poder compartir nuestras experiencias en Victimología, apuntes desde la práctica. En este compendio, pretendemos reflejar las experiencias vividas día a día, en las diferentes áreas de atención a víctimas del delito en las que laboramos. Desde el enfoque de la Psicología Forense buscamos brindar una perspectiva humana, sensibilizar a la población que trabaja o se relaciona con víctimas. Durante el trabajo cotidiano surgen una serie de interrogantes e ideas como: Las niñas y los niños al bloquear un evento traumático por agresión sexual, bloquean también sus síntomas psicológicos? El psicólogo que brinda atención a las víctimas continuamente realiza Evaluación Psicológica Forense y trabaja con factores predisponentes de vulnerabilidad. Uno de los delitos que con frecuencia viven las víctimas es El acoso sexual; el perito psicólogo detecta las manifestaciones, consecuencias psicológicas y realiza la evaluación forense. Las ciencias forenses se alimentan de investigaciones científicas que aporten elementos al quehacer cotidiano por lo que se presenta el Comparativo de dibujos de niños y niñas violentados sexualmente. Uno de los temas en los que se requiere trabajar arduamente es en los Efectos psicosociales de la tortura. Laborar con niños y niñas es delicado y no menos importante que los demás, por lo que se requiere destacar la Importancia del Lenguaje infantil en el proceso legal. Hay que destacar La importancia de la ambivalencia en el adolescente ¿víctima o victimario?, considerar que la adolescencia es una etapa crucial en la vida del ser humano por lo que es necesario darle prioridad. Dentro de los delitos de género que han afectado significativamente a la población se encuentran los Feminicidios en México, un delito con una alta frecuencia delictiva, respecto del cual es urgente crear mayor conciencia social. Existen delitos que han proliferado y que en torno a ellos se plantean una serie de interrogantes entre las que destaca ¿Libre decisión de mujeres adultas en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual?. Que esta pregunta sirva dereflexión ante uno de los delitos más aberrante que existen y en el que México ocupa los primeros lugares en América Latina.

$200.00

En materia mercantil mediante los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2011, se adicionaron al Código de Comercio los artículos 1067 Bis, 1339 Bis y un Título Especial, que se denominó Del Juicio Oral Mercantil. Mediante esta iniciativa se propone la creación de un sistema de impartición de justicia cuya base sea la preeminencia, la oralidad en los juicios en materia mercantil, particularmente para los procedimientos ordinarios, pues representan el mayor porcentaje de asuntos que conocen los jueces en esta materia, dejándose a salvo los asuntos que tengan prevista una tramitación especial en el mismo Código de Comercio, como los ejecutivos mercantiles, especiales de fianzas y ejecución de prenda sin transmisión de la posesión, a efecto de evitar incongruencias en ellos. Así, el libro analiza desde la reforma hasta el transitorio primero donde se estableció que el título especial entraría en vigor al año siguiente de su publicación, y una nueva modificación el 9 de enero de 2012 que se publicó en el mismo órgano de difusión oficial mediante un Decreto, el cual entró en vigor el primero del mismo mes y año, en el cual se reformaron y adicionaron diferentes preceptos del Código de Comercio relacionados con el juicio oral mercantil. Con lo anterior, se busca dar la parte teórica del nuevo modelo de juicio oral mercantil, sus particularidades, fines y simultáneamente contar con una herramienta pragmática básica perfectible, que indudablemente resultará un auxiliar en la tramitación y solución de esa clase de controversias. La presente obra pretende dejar en el lector un mapa de lo que se observará con estas disposiciones en materia mercantil.

$200.00

Es una invaluable oportunidad y un privilegio para mí, además de una gratificante tarea, prologar el libro de un joven, pero a la vez experimentado defensor de la libertad, Eduardo Robles Carrillo, quien en su libro Práctica Forense de Audiencias en el Sistema Acusatorio, nos invita, no sólo a adentrarnos en el conocimiento de la praxis, sino más aún, como un amante de la misma, nos seduce con una elocuente redacción.

$270.00

Según lo previene el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la justicia debe ser pronta y expedita; prontitud y expedites implican que debe existir una autoridad presta, capacitada y facultada para atender el asunto en la forma establecida; pero, sobre todo, que ésta lleve a la solución efectiva el asunto de manera pública cuanto antes. En México, fueron muchos los reclamos en el sentido de que tales paradigmas constitucionales, prontitud y expedites, no eran cumplidos a cabalidad con el procedimiento penal tradicional eminentemente escrito, puesto que, para cuando el asunto se resolvía, ya había pasado tanto tiempo que el justiciable se sentía doblemente victimizado, por una parte por la comisión del flagelo social que denunció o por el cual fue denunciado; y por la otra, por la tardanza e inefectividad de la autoridad encargada de resolver su conflicto. Atento a lo anterior, es por lo que en México hablar de litigación adversarial a través de un procedimiento oral se ha vuelto un tema obligado, no sólo para aquellos que, de algún modo, tienen alguna vinculación directa o indirecta en la creación de normas jurídicas, en los aplicadores de las mismas; y los profesionales del derecho, sino también, en general, para toda aquella persona que, de alguna u otra manera, tenga implicación en el proceso penal. Por ello, los órganos de gobierno, tanto federal como algunos estatales, han implementado a la fecha un nuevo sistema procesal penal, que les permita hacer más eficiente su sistema de justicia criminal y de seguridad pública, incursionando en nuevas formas de solución de conflictos antisociales, mediante la aplicación de salidas alternas, tales como la mediación, la conciliación, la suspensión de indagatorias y procesos penales, así como causas penales abreviadas, entre otros, incorporando a los textos procesales el denominado proceso penal adversarial, mal denominado juicio oral, todo lo cual tiende a recobrar la confianza perdida de la ciudadanía; y, sobre todo, a dignificar la noble función de la justicia. Con tal motivo, el texto que ahora tiene en sus manos presenta, de una manera sintetizada, clara y sencilla las problemáticas que se tuvieron, y se tienen aún, que enfrentar para la implementación de las reformas, las diferencias procesales entre el procedimiento tradicional penal eminentemente escrito y el que se propone, donde predomina la oralidad; los principios que animan el proceso adversarial; y, sobre todo, las técnicas específicas que se deben dominar para acudir a audiencias penales adversariales, en donde las reglas tradicionales que nos fueron transmitidas en las aulas universitarias varían. No debemos perder de vista que, además del tratamiento de los temas referidos anteriormente, la verdadera utilidad del presente texto es, precisamente, la difusión del sistema adversarial, pues su autor considera que solamente en virtud del conocimiento que del mismo se tenga se lograrán cumplir las verdaderas expectativas que respecto al mismo se tienen.

$180.00

Más información en: Flores Editor y Distribuidor, S.A. de C.V. Calle Cuauhtémoc No. 1405 Col. Del Gas C.P. 02950, Azcapotzalco, México, D.F. Tels.: (55) 5556-0590 / (55) 5556-7020 / (55) 5355-1108 floreseditor@prodigy.net.mx Correos: floreseditor@hotmail.com floreseditores@hotmail.com

$300.00

La presente obra es una herramienta de relevante importancia dentro de la formación de los futuros abogados y profesionistas del derecho, pues trata la importancia de la teoría del Estado en nuestra actualidad. El autor lo hace de manera minuciosa en nueve capítulos que son abordados con un léxico adecuado para el estudiante. Dentro del primer capítulo se abordan las características y tos elementos del Estado, de igual manera, se explican las diferencias entre Estado, nación y gobierno, además de la relación que existe entre el Estado y el derecho. En el segundo capítulo aborda el desarrollo de la teoría política y de las condiciones que anuncian la aparición del Estado moderno, como es el caso del Renacimiento, de la reforma religiosa y de tos descubrimientos geográficos que trajeron como consecuencia el mercantilismo, además de tos fundamentos del Estado moderno y sus tratadistas, así como la separación de la Iglesia y el Estado. Dentro del tercer capítulo se analizan los principales enfoques acerca de la naturaleza del Estado. Al hablar de la naturaleza nos referimos a las teorías que han emitido distintos pensadores, de ahí que se explique la teoría realista, la sociológica, la psicológica y la jurídica. Por otra parte, en el capítulo cuarto, se estudian las formas del Estado. Se inicia con el Estado de gobierno, para después abordar el Estado capitalista, es decir, aquel que produce bienes y servicios por medio de empresas públicas o de propiedad estatal. Posteriormente, se analiza al Estado socialista, encargado de regular tanto las actividades socio-económicas como la distribución equitativa, además de tos beneficios económicos que resulten del proceso de producción, para terminar con el Estado de economía mixta.

$350.00

Es un regodeo en la presente ocasión, escribir sobre tópicos relacionados con los juicios orales, ahora en las materias civil y mercantil. Según se ha descrito, la disposición de establecer la pertinencia de los juicios orales en México, nos inclina a la suposición de contar con leyes procesales debida y adecuadamente redactadas, con conocimiento genético y teleológico por parte del legislador de su tarea y que antes del inicio de su vigencia no tenga por qué reformarse. De esa forma, antes de proyectar la intención o idea de iniciar la vigencia de una ley, como la acontecida para los juicios orales, las diferentes entidades federativas, así como la Federación, deben contar con la infraestructura necesaria, adecuada y siempre honorable, para sentirnos todos los que participamos en la actividad judicial, orgullosos y respetables de esa prestigiada actividad a desarrollar como lo es la postulancia en juicios orales, o bien, como servidor público en el trabajo interno del tribunal, no sea que no se cuente con ella, lo cual haría una ley tibia y poco considerable, cuya una única fortaleza sea la sentencia vinculatoria para su ejecución. No suceda que no existan las salas orales para la verificación de dichas audiencias, no sea que de acuerdo a nuestra idiosincrasia y como siempre ha sucedido no existan esos espacios o peor aún, que al existir no se ocupen, existen lastimeramente experiencias previas en ello, con lamentables consecuencias, además de recordar a manera de ejemplo un pasaje en apariencia cómico, al entregarle en cierto lugar a determinadas personas una vivienda, al haber carecido de ella, que en lugar de ocuparlas, las usaron de graneros y corrales, al continuar durmiendo en sus antiguos espacios.

$350.00

El año 2005 fue básico en nuestra formación: viajamos a San José de Costa Rica por invitación del entonces presidente de la Corte de dicho país, Paulino Mora Mora, para intercambiar ideas en temas constitucionales y procesales constitucionales. Lo que cambió nuestra visión fue que nuestra idea del juicio de amparo, hasta entonces para nosotros una figura pétrea, se modificó. Tuvimos la oportunidad de tratar a Paulino y al más destacado constitucionalista costarricense, Rubén Hernández Valle, y de conocer la Ley de Jurisdicción Constitucional de Costa Rica de 1989, producto de la reforma acordada por la Ley 7128 del 18 de agosto de 1989, referidas al marco jurídico de Costa Rica, que produjo un gran cambio en la vida institucional de dicho país. Dicho cuerpo normativo, para nosotros, constituye una verdadera codificación procesal constitucional y no una mera consolidación, en la cual participó el mismo Paulino Mora, así como Rubén Hernández Valle y Daniel González, entre otros, aunque existen posiciones en las que se señala que el primer Código Procesal Constitucional fue el de Tucumán, Argentina, de 1995.

$180.00

El contenido de este libro pretende ayudar a optimizar el proceso de profesionalización de los elementos policiales y periciales que realicen el procesamiento d los distintos escenarios de investigación, adecuando y actualizando la mayor parte de los temas relacionados a la criminalística de campo, con la finalidad de hacer que la investigación de los delitos sea realizada de forma técnica-científica más eficaz y actualizada de acuerdo a las necesidades de contexto histórico que vivimos. Este libro contiene principios claros, básicos y prácticos que pueden se entendidos tanto por el estudiante primerizo que cursa la licenciatura como po el experimentado experto que labora propiamente en investigaciones de campo, que ayuden a evitar futuros errores durante la investigación de los escenarios donde se llevaron a cabo los posibles delitos. Además, los contenidos temáticos se relacionan directamente con las leyes nacionales vigentes, así como con algunas herramientas de índole internacional, tales como el Protocolo de Estambul y el Protocolo de Minnesota, donde se ¡escriben pasos básicos de la metodología general de la investigación criminalística. Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos de carácter orientativo, en cada uno de ellos se abordan temas estratégicos para la correcta investigación de campo realizada por los elementos periciales que procesarán los distintos escenarios y por los elementos policiales que funjan como primeros respondientes o que brinden la protección debida al lugar de investigación.

$600.00

Los delitos contra la administración pública cometidos por servidores públicos presentan una importante complejidad. Para empezar, la determinación del o los bienes jurídicos protegidos, exige abandonar toda postura reduccionista, que simplifica la ecuación en el sentido de postular, que lo que se persigue es el adecuado funcionamiento de la administración pública o la vuelta a una ética de la función pública. En ese sentido, el primer argumento no lograría validar delitos como el de cohecho, pero sin que el servidor público haya quebrantado sus deberes (art. 222 bis, fracción I del Código Penal Federal); en cambio, el segundo argumento nos conduciría a una moralización del derecho penal.

$260.00

Las pruebas en materia civil son un aspecto importante dentro del Derecho Procesal Civil, diríamos imprescindible, pues con las pruebas las partes demostrarán al juez los hechos materia de su demanda o contestación. Éstas deben ser suficientes para obtener el éxito en sus acciones, excepciones o defensas, siendo la finalidad de la presente obra la de compartir estos comentarios con los diversos foros judiciales de la entidad y con mis compañeros juristas que se dedican a esta noble tarea de impartir justicia, con la finalidad de uniformar criterios que traigan consigo una mejor aplicación del derecho evitando se presente cualquier acto contrario a la razón y a la justicia, comentando los principales y diversos artículos relacionados con las pruebas, despejando la incertidumbre y dando certeza jurídica en cuanto a su aplicación se trata, con apoyo en jurisprudencia y diversas tesis que al efecto se transcriben para mejor comprensión y entendimiento.

$335.00

Como se entenderá a lo largo de esta obra, creo importante seguir ahondando en el rescate del recurso de revocación, por lo menos para interpretar favorablemente lo que debe entenderse por decisiones interlocutorias, de mero trámite y/o sin sustanciación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial El recurso de revocación procederá en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El recurso de revocación procederá con el objeto de que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. El recurso de revocación contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. El recurso de revocación en audiencia se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo. El recurso de revocación contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada. El recurso de revocación procederá expresando los motivos por los cuales se solicita. El recurso de revocación procederá contra la autoridad que resolvió decisiones de mero trámite. El recurso de revocación procederá contra la autoridad que resolvió sin sustanciación. La autoridad que ha resuelto y que acoge el recurso puede examinar de nueva cuenta —por contrario imperio— y dicte la resolución que corresponda. Esto es, puede mantener la decisión, acoger el recurso y anular y/o revocar, decidir ex contrario, etcétera. Todo en la Etapa de Investigación es de mero trámite; todo lo que se resuelva en audiencia es de mero trámite, todo lo interlocutorio es de mero trámite, y, nada de lo que se discute en audiencia ha sufrido la sustanciación y/o el debate. Por ende, todo lo que un juez haya resuelto, en audiencia, todo, puede ser sujeto a recurso de revocación. Es por eso que me interesa abrir el recurso que, hasta hoy, se encuentra cerrado, innecesariamente cerrado, ilegalmente cerrado, injustamente cerrado por una mala interpretación —según mi criterio— del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

$180.00

Casi inmediatamente de concluir la licenciatura en derecho en el año 2005, empecé a notar la aparición a nivel nacional de la llamada justicia alternativa. Era algo novedoso por la relevancia que se le daba. Un buen día, sin esperarlo, me topé (literalmente, en el puesto de periódico) con la convocatoria pública para ser facilitadora en el estado de Hidalgo. El primero de mayo de 2009 ocupé ese puesto en la Procuraduría General de Justicia de esa entidad. En ese momento, no sabía muy bien en qué iba a consistir esa actividad y cómo iba a impactar en mi vida. El primer reto y enseñanza de vida en esta labor fue poder realizar un cambio de paradigmas y ese desafío no ha terminado, pues en cuanto se rompe un paradigma, me encuentro con otro o varios consecutivamente, inclusive, este libro puede ser fruto de esa búsqueda de seguir adelante hacia una renovación constante. Consciente de pertenecer a una sociedad en la que según los estudios aún se trabaja muy fuerte para alcanzar la equidad de género, además de ser originaria del valle del mezquital, una de las regiones más pobres del país y, por si estos factores no fueran suficientes, provenir de una familia disfuncional que comenzó paradójicamente a ser funcional cuando mis padres por circunstancias de la vida se separaron siendo yo muy joven y mis tres hermanos más pequeños aún; por lo que este libro al salir a la luz, representa un gran logro, un lujo y una gran responsabilidad. Como profesionista buscaba algo especial para realizarme y lo encontré al convertirme en facilitadora. Al día de hoy, siendo el mes de febrero del año 2017, después de haber escuchado cientos de historias de las personas que se han acercado a los Mecanismos Alternativos y de una capacitación constante, es tiempo de compartir ese aprendizaje y contar un poco sobre algo que ha sido sumamente importante en mi vida y con lo que siempre estaré agradecida.

$180.00

El control de la detención en audiencia es una de las importantes respuestas a la afectación de los derechos fundamentales que sufren los detenidos que ofrece la reforma al sistema de justicia penal en México. En efecto, es de conocimiento público la existencia de denuncias contra servidores públicos, usualmente, de la policía, por haber maltratado o torturado a detenidos, o simplemente el haberles sembrado algún objeto con la finalidad de comprometer su situación jurídica ante el Ministerio Público, o bien, ante el juez. Frente a tal escenario, se ha levantado una figura que permite a cualquier detenido que haya sido puesto a disposición de la autoridad judicial el poder ser escuchado por la misma, quien a su vez exige la comparecencia del agente del Ministerio Público para que exponga las razones que motivaron que se le prive de la libertad a una determinada persona. Frente a ello, la dinámica e importancia del control de la detención descansa en la protección de los derechos fundamentales de toda persona que ha sido privada de su libertad, ya sea por las figuras de la detención por flagrancia delictiva, o bien, la detención por caso urgente. Sin embargo, para arribar a la citada audiencia ha sido preciso el cumplimiento de determinados pasos previos, los cuales, a su vez, constituyen condiciones necesarias para la celebración de la denominada audiencia inicial. En ese sentido, el presente estudio pretende analizar toda la sistemática que rodea la citada audiencia, a la luz del sistema acusatorio mencionado en la Constitución Federal y que ha sido regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

$385.00

Más información en: Flores Editor y Distribuidor, S.A. de C.V. Calle Cuauhtémoc No. 1405 Col. Del Gas C.P. 02950, Azcapotzalco, México, D.F. Tels.: (55) 5556-0590 / (55) 5556-7020 / (55) 5355-1108 floreseditor@prodigy.net.mx Correos: floreseditor@hotmail.com floreseditores@hotmail.com

$250.00

La Política criminal es la disciplina llamada a buscar soluciones reales y factibles a problemas tan graves como los que en esta obra se abordan. Cuestiones como el evidente rasgo autoritario del Derecho penal, reflejo de su progresiva dependencia del poder político y mediático y de unos intereses económicos que evolucionan hacia un modelo neoliberal en el que, por supuesto, importan más las cifras que las personas. O viejos problemas aún no resueltos como el aborto, la violencia de género o el tráfico de drogas; y nuevos desafíos como el crimen organizado y su estrecha vinculación con fenómenos como la corrupción y la delincuencia de cuello blanco. Y ello por no hablar del terrorismo, en especial el yihadista, reflejo en buena medida del estrepitoso fracaso en la integración de los inmigrantes. Movimientos migratorios, de su parte, imparables, pese a la creciente obcecación de los Estados en cerrar sus fronteras. Un blindaje que supone la condena a muerte de miles de personas, empujadas por ello a acudir al crimen organizado buscando las oportunidades vitales que tanto el Estado de destino como el de origen les niegan. Y es que pasar de víctima a delincuente nunca había sido tan sencillo como ahora, y además con la complicidad de la comunidad internacional…

$315.00

La obra Tópicos selectos de criminalidad contemporánea está coordinada por el doctor Carlos Pérez Vaquero, de España, a quien agradezco que me haya apoyado desde hace años para la publicación de mis artículos amateurs cuando recién era un egresado de licenciatura. Siempre tuvo espacio en la revista de la cual era editor: Quadernos de Criminología (QdC), revista que logró gran presencia cuando en México comenzaba a popularizarse lo digital. QdC fue una revista que logró consolidarse fuertemente en este país. También, gracias a Carlos, conocí a José Manuel Servera, y me atrevo a decir que Carlos ha fungido como plataforma de lanzamiento para Criminología y justicia. Y quién mejor para una perspectiva global para la obra en mención —que reúne artículos de Argentina, España, Italia, México, Pakistán, Reino Unido, Francia y los Estados Unidos de América— que él, habiendo sido editor de una revista internacional, además de ser escritor de artículos con perspectiva global, docente y viajero frecuente (cosmopolita), así como aventurero, es el más adecuado para tal obra.

$330.00

La presente obra jurídica se realiza, además del ilustre apoyo de los incontables juristas dedicados al Derecho Civil, que en todo tiempo se considera y respeta, con un apego indiscutible de las diferentes interpretaciones emitidas por los tribunales federales, lo anterior es considerado así, al observar cierta antinomia entre la doctrina y la práctica de los tribunales. Ello es así, al postulante en general en infinidad de ocasiones le es difícil entender la última razón legal de los diferentes planteamientos judiciales, la cual se establece principalmente a través de la sentencia de amparo emitida por los Tribunales de la Federación, quien a través de su análisis, convicción y libre valoración de la prueba, al revisar los expedientes determinan la justicia tasada en México, de ahí la necesidad de apegar la presente obra con la sustanciosa doctrina, pero junto con ella, las principales interpretaciones del Poder Judicial Federal y determinar con ello un conocimiento y criterio estable. Así, la pretensión a establecer se dirige con el objeto de establecer una obra jurídica mexicana que explique de forma moderna los aspectos torales en la asignatura de las obligaciones civiles. Por tanto, ahora es de estar involucrados en explicar una temática encargada de constituir la columna vertebral del Derecho Civil, ello lo hace además de interesante, de difícil manejo, pero a la vez de connotada importancia en comprender sus campos semánticos y lo amplio de la asignatura. La presente obra ha sido dividida para su mejor comprensión en veintiocho unidades, las cuales incluyen desde la importancia del significado de las obligaciones, así como las diferentes concepciones que le influyen para su entendimiento. Comprende la importancia de las fuentes de las obligaciones y dentro de ellas principalmente el contrato, sus elementos, así como sus tipos, además de la explicitación a la teoría de la nulidad, en su carácter de absoluta y relativa, además de la inexistencia, al generarle sin razón a la mayoría de los apasionados del estudio del Derecho confusión, cuando lo único faltante es ubicar su graduación. Además de comprender las diferentes formas de transmisión de las obligaciones y junto con ellas las de extinción. Se decidió incluir diversas instituciones jurídicas que en la actualidad exigen su estudio y análisis, con el objeto de determinar su utilidad y afectación a provocar a la temática de las obligaciones. Sin duda, la modernidad exige estudiar los nuevos textos jurídicos que sirvan para renovar aquellos aspectos no comprendidos por los ilustres escritores de la asignatura de las obligaciones civiles, quienes históricamente han emitido escritos insuperables, pues de otra manera sería fatuo y pretencioso adicionarse a las valiosas obras en la materia. En México existen buenos esfuerzos dirigidos a explicar la asignatura en cuestión, pero a nuestro entender no las suficientes que sirvan de explicación clara, objetiva y contunde, de acuerdo al reconocimiento requerido para el Derecho Positivo, a nuestro entender existen valiosas y responsables obras en la materia, pero la sociedad mexicana requiere de más estudios y escritores en el Derecho Civil, para tener más opiniones y con ello lograr una evolución jurídica adecuada y conteste a las necesidades propias de la praxis, cuya responsabilidad ha recaído en algunos cuantos. La presente obra bibliográfica se desarrolla con el seguro objeto de explicar las históricas confusiones de diversas concepciones que en las universidades y en el foro, llegan a ser materia de análisis, espero comunión de ideas en lo expresado.

$900.00

Una mejor y más transparente procuración y administración de justicia, se propone con un nuevo sistema de enjuiciamiento penal, respetuoso de los derechos humanos y de todas las garantías que se derivan del derecho a un debido y justo proceso, de un cambio de actitud de todos los servidores públicos involucrados en el tema, y de un cambio cultural de la sociedad en general, de un cambio, en donde el sistema de persecución penal del delito, estén separadas las funciones de investigar, acusar y juzgar; la finalidad de este nuevo proceso penal cambia, al buscar sólo el esclarecimiento de los hechos y establecer la verdad histórica de cómo sucedieron. Sólo así se podrá recuperar la confianza ciudadana en los órganos encargados de ambas funciones, esto implica el desarrollo de una nueva forma de llevar a cabo todo el procedimiento penal, mediante la aplicación de metodologías técnico-científicas precisas para investigar los delitos; distintos esquemas para la defensa de los imputados, una jerarquía preponderante para las víctimas, una nueva estructura de litigio, así como novedades sustanciales en el ofrecimiento, admisión y valoración de las pruebas. Para que su aplicación resulte efectiva, no sólo debe imperar la prudencia en los legisladores, juzgadores, agentes del Ministerio Público, defensores, peritos y policía ministerial, sino que también debemos pensar en la capacitación, en el tema, ya que todos los mencionados anteriormente fueron formados bajo un sistema metodológico muy distinto al que se aplicara en el sistema procesal penal acusatorio (juicio oral). El establecimiento de este nuevo sistema de enjuiciamiento penal, requiere de cambios, adecuaciones o modificaciones jurídicas y organizacionales, de la construcción y operación de la infraestructura necesaria, así como de lle- var a cabo la capacitación y/o actualización correspondiente para jueces, ministerios públicos, policía investigadora, peritos y defensores. En la medida de la capacitación, adaptación, y la preparación profesional de todos los operadores en este nuevo sistema procesal penal acusatorio, será el éxito de esta reforma constitucional.

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Este libro se divide en 4 temas. En el tema número 1, con una perspectiva histórica de varias delaciones, se muestra cómo la palabra delación evolucionó hasta configurar la acción delatora. En el tema número 2, se regula la figura de la delación a partir de la hipótesis típica de una ley federal. En el tema número 3, se traza una perspectiva internacional cuando se es víctima de un crimen por la desaparición forzada de personas. En el tema número cuatro, se emerge la figura del imputado colaborador con la verdad en tratándose de un crimen de lesa humanidad como lo es la desaparición forzada de seres humanos. En este libro, se usan 12 figuras para combatir a la delincuencia organizada. Asimismo, el lector podrá examinar su propio perfil: abogado víctimal, asesor jurídico, juez de control, defensor común o agente del Ministerio Público Federal. Desde el perfil del defensor común, se comienza por saber si dos o más figuras son o no compatibles. Al examinar la función y la utilidad de las figuras siguientes: figura del imputado arrepentido y la figura del no-imputado colaborador en la persecución de la delincuencia organizada. No existe ninguna duda. Ambas figuras son compatibles entre sí. La regla es simple y eficaz cuando se busca la función y la utilidad de las figuras. De modo que algunas figuras son más compatibles en su función e incompatibles en su uso. Así por ejemplo, la figura del testigo protegido y la figura del agente encubierto, respectivamente, se usan para combatir a los otros integrantes de la delincuencia organizada. No obstante, el testigo protegido se beneficia del no ejercicio de la acción penal en tanto que el agente encubierto se limita a cumplir con su deber de informar, recabar y aportar las pruebas que incriminen a los otros integrantes de la delincuencia organizada y, por tal motivo, la ley lo exime de su responsabilidad penal. En atención a lo anterior, el artículo 124 del Código Nacional de Procedimientos Penales (2014), contiene la advertencia, siguiente: La defensa de varios imputados en un mismo proceso por un defensor común no será admisible, a menos que se acredite que no existe incompatibilidad ni conflicto de intereses de las defensas de los imputados. Si se autoriza al defensor común y la incompatibilidad se advierte en el curso del proceso, será corregida de oficio y se proveerá lo necesario para reemplazar al defensor. Se puede anticipar la compatibilidad de las figuras que combaten a la delincuencia organizada, sobre todo, si uno o varios imputados manifiestan su interés en la defensa común. La defensa técnica del defensor común consiste en usar las figuras que sean compatibles entre sí. La técnica consiste en probar que el imputado X seleccionó la figura A la cual es compatible con la figura B que ha seleccionado el coimputado Z. De acuerdo con esto, el p erfil de un defensor común, es más comprensible. No quisiera terminar con estas líneas, sin decir que la verdad es relevante en el crimen de lesa humanidad como lo es la desaparición forzada de personas.

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En la obra que el lector tiene en sus manos, se presenta una serie de temáticas relacionadas con un fenómeno sumamente preocupante, como lo es, el relativo a la violencia. La Criminología, como estudio de las causas y efectos producidos por la criminalidad no puede, ni debe, de forma alguna quedar al margen del análisis de una temática de este tipo, máxime cuando el fenómeno de la violencia es origen y consecuencia de cuestiones criminales. La violencia se presenta, indudable y desafortunadamente, en todos los aspectos de la vida cotidiana, por lo que no es un fenómeno que deba soslayarse, por el contrario, debe ser debidamente analizado mediante trabajos serios de investigación.

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Doctor en Neurociencias por el Colegio Nacional de Neurociencias Forenses, Maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Cristóbal Colón, recibe la medalla San José de Calasanz condecoración de dicha Casa de Estudios. Licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. Practicante de la profesión jurídica y catedrático de licenciatura y posgrado en diversas instituciones, el doctor Omar Cruz López ante la preocupación de diversos tópicos que atañen a la problemática constitucional contemporánea de nuestro país, en la presente obra nos brinda un panorama jurídico a la manera de los trabajos de investigación documental, dando expresión a diversos asuntos en la materia aludida, no obstante también haciendo referencia con corrientes, doctrinas e ideologías de principales doctrinarios, filósofos, juristas y pensadores en el contenido del Derecho Constitucional; La Clasificación de Mecanismos de Control de la Supremacía de la Constitución en. México, es una publicación dirigida no sólo al estudioso del derecho, sino también para diversos profesionistas, técnicos y personas en general que tienen la inquietud de estudio sobre lo comprendido en materia procesal constitucional y sus relativas perspectivas y controversias.

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La presente obra fue elaborada con la intensión de entender cada una de las etapas y fases del procedimiento penal ACUSATORIO y ORAL, como debe ser, de manera integral, con otras herramientas como lo son, el Protocolo Nacional del Primer Respondiente y la Guía Nacional de cadena de custodia. Hace algunos años me encontré con una publicación que data de 1881, Sustanciación de las causas criminales; en la que se contenían todas las disposiciones de los códigos vigentes y diversas leyes, circulares, reglamentos, bandos, disposiciones y resoluciones de utilidad práctica, tanto en el Distrito Federal como en toda la República Mexicana; con el fin de contar con todas las herramientas necesarias, para llevar un juicio justo. Mi intención es proporcionar de manera similar a dicha obra, las herramientas para aplicar debidamente nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en consideración la Constitución, la Ley General de Víctimas, el Protocolo Nacional del Primer Respondiente, la Guía Nacional de Cadena de Custodia y algunos Acuerdos del Procurador General de Justicia de la Ciudad de México (como ejemplo), lo ideal es que tomáramos en cuenta todos los Acuerdos que se emitieran en cada uno de los Estados de la República Mexicana que deban estar relacionados con el Código Nacional de Procedimientos Penales; aquí damos un pequeño ejemplo de cómo debemos tomarlos en consideración dependiendo la etapa o fase del procedimiento penal. En diversas clases en las que expliqué el nuevo procedimiento penal, detallando cada una de las etapas y sus fases, me preguntaron: ¿Por qué era tan complicado entenderlo?, muchos no entendían por qué los instructores o maestros no eran claros en sus exposiciones; la realidad es que muchos de los capacitadores se basaron en lo que les enseñaron en diversos cursos de 2008 a 2013, es decir, antes de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, dependiendo sus propias experiencias y cursos tomados, fueron capacitando, sin tener una norma y base concreta, es más, muchos de ellos sólo de manera teórica conocían cómo se lleva a cabo una audiencia de manera oral; quien no ha llevado a la práctica esos conocimientos, no puede transmitir al cien por ciento un conocimiento que también requiere de praxis, maestros que nunca han llevado una audiencia de corte adversarial y oral, no eran los idóneos para transmitirlo.

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