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MANUEL VALADEZ DIAZ

LA DEFENSA ADECUADA EN EL JUICIO ORAL PENAL: CONFORME AL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
FLORES EDITOR Y DISTRIBUIDOR SA DE CV

Nuestra constitución, al concebir el proceso penal, lo hace desde los paradigmas que sostienen al estado democrático, por eso lo funda en diversos principios que lo erigen, un princio toral es el de presunción de inocencia, pues para un estado democrático sólo se podrá considerar culpable a alguien que a través de un debido proceso, donde sea oida la persona imputada, éste sea vencido al derrotarse, más allá de toda duda razonable, dicho principio que lo amparaba. Pero para hacer prevalecer el principio de presunción de inocencia durante todas las etapas del proceso se requiere, necesariamente, que se actualice en todo momento otra de las garantías transcendentales para la persona imputada de un delito, esto es, contar con una defensa adecuada. Una defensa adecuada que ya no sólo se debe limitar a la circunstancia de que ésta recaiga en un abogado o licenciado en derecho, como lo exigen los artículos 20 apartado “A” fracción VIII y 17 de nuestra constitución y del CNPP respectivamente, sino que en forma extensiva, y como garantia procesal, se le debe exigir un conocimiento sistemático no sólo del proceso penal, sino también de la dogmática penal (artículo 121 CNPP), pues debe tenerse presente que el CNPP no sólo comprende las categorías procesales, sino también penales, ya que la consecuencia de no contar con ella obliga al órgano jurisdiccional a advertir al acusado para que se designe a otro. De ahí la importancia de proporcionar este tipo de herramienta para que, desde la práctica adquirida como juzgadores, se comparta con el medio de abogados o licenciados en derecho, que ejercen diariamente el cargo de defensor en los tribunales del país, el poder instruirse en el manejo sistemático del procedimiento acusatorio adversarial, pero también de aquellas categorías de carácter sustantivo que pueden resultar aplicables en los casos penales que defienden. Desde su primera edición, se pretendió exponer en forma detallada y sencilla cada uno de los conceptos jurídicos que comprenden no sólo las normas procedimentales, sino también las de carácter sustantivo con la finalidad de dar una mayor visión acerca de lo que se debate en cada audiencia. Sin duda, creemos que ha resultado ser una herramienta indispensable para el foro de abogados, tanta ha sido su aceptación que nos han permitido que la misma a su cuarta edición. Por eso, ésta se ha enriquecido con doctrina, casos prácticos, jurisprudencia nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, elementos claves para contar con un conocimiento jurídico sistemático de utilidad para poder brindar una asesoría integral acerca de cada caso que se tenga que defender en nuestros juzgados en materia penal.

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LA FORMULACION DE LA IMPUTACION
FLORES EDITOR Y DISTRIBUIDOR SA DE CV

La formulación de imputación consiste en el acto de comunicación que ante el Juez de control realiza el ministerio público al imputado en relación a que está desarrollando una investigación en su contra por un hecho que le ley señala como delito y del cual se considera pudo haber intervenido ya sea como autor y participe. Este momento procesal es de suma importancia, pues representa la materialización del derecho fundamental del imputado a ser informado de forma clara, sencilla, precisa y suficiente de la conducta que se le atribuye, del modo, tiempo y circunstancias de ejecución de la misma, de su clasificación jurídica, de la probable forma de intervención delictiva, así como del nombre de su acusador. No obstante lo anterior, la trascendencia de la formulación de imputación muestra una doble relevancia, pues además de materializar el derecho fundamental del imputado a ser enterado de la investigación existente en su contra y del hecho que se estima realizó, la imputación también establece la lidia del proceso, es decir, los hechos sobre los que continuará la tramitación del proceso penal, ya que el Juez de control, al resolver sobre la vinculación o no a proceso del imputado, solo podrá dictar su resolución en relación a los mismos hechos materia de la imputación. El hecho materia de la vinculación, como un reflejo congruente con el hecho materia de la imputación será el que defina el hecho sobre el que girará el resto del proceso, lo que provocará que de presentarse acusación orden parte del ministerio público, está deba ser exclusivamente por los mismos hechos y personas relacionadas al auto de vinculación a proceso. De tal guisa, la presente obra estudia de manera detallada y minuciosa el marco normativo, derechos y consecuencias jurídicas que se derivan de tal figura dentro del marco del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual se lleva a cabo con la firme intención de abarcar el estudio de forma sencilla y clara, esto con la intención de que sirva como apoyo al fortalecimiento y mejor comprensión del sistema acusatorio mexicano.

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MEDIDAS CAUTELARES
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Más información en: Flores Editor y Distribuidor, S.A. de C.V. Calle Cuauhtémoc No. 1405 Col. Del Gas C.P. 02950, Azcapotzalco, México, D.F. Tels.: (55) 5556-0590 / (55) 5556-7020 / (55) 5355-1108 floreseditor@prodigy.net.mx Correos: floreseditor@hotmail.com floreseditores@hotmail.com

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EL CONTROL DE LA DETENCION POR FLAGRANCIA O CASO URGENTE
FLORES EDITOR Y DISTRIBUIDOR SA DE CV

El sistema acusatorio se caracteriza por basarse en una metodología de audiencias, dentro de las que se deciden todas las cuestiones de importancia. Uno de los principales momentos procesales corresponde a la audiencia inicial, la que se integra en su caso por el control de la detención, ya sea por flagrancia o caso urgente, la formulación de imputación, el debate sobre medidas cautelares, el auto de vinculación o no a proceso y la determinación del plazo para el cierre de la investigación complementaria. Dentro de este contexto se destaca el debate en relación al control de detención que se realiza ante el Juez de control, ya que las estadísticas de la operación del sistema acusatorio arrojan que la gran mayoría de causas penales inician por la detención en flagrancia del imputado, ello como un reflejo de la problemática que enfrenta la capacidad y efectividad en la investigación del ministerio público, de los cuerpos policiacos y de los servicios parciales en nuestro país. De tal forma el control de la detención es un espacio común en la agenda procesal penal mexicana. En este escenario se verifica el primer debate entre las partes ante el Juez de control y en el que resulta esencial conocer las distintas hipótesis que desde la óptica de le ley se consideran aceptables para la detención sin orden judicial de una persona, los márgenes de actuación de los cuerpos policiacos en la detención, sus obligaciones en relación al respeto a los derechos fundamentales de la persona detenida, su obligación en relación a la realización de actos de investigación, en la conducción del imputado ante la autoridad más cercana, la actuación del ministerio público como primera autoridad en calificar las condiciones de la detención y la necesidad de que el imputado permanezca o no privado de su libertad, las acciones que puede desarrollar la defensa en función de este tipo de detenciones, lo que incluye el ofrecimiento y desahogo de medios de prueba tanto en sede ministerial como judicial y desde luego, el perímetro dentro del cual el Juez de control debe realizar su labor como un protector de los derechos fundamentales de todo imputado. Como se puede observar, el manejo preciso de todos los factores que inciden en el debate sobre el control de la detención resultan de natural importancia para todo operador del sistema acusatorio, pues en ese momento se podrá debatir e incluso desahogar prueba ante el Juez de control, lo que podrá generar ya sea la posterior formulación de imputación al detenido, o bien, su inmediata libertad. Todo lo anterior se estudia mediante el análisis de las distintas posibilidades de detención en flagrancia y Caso urgente que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, la jurisprudencia nacional e interamericana aplicables y el examen de casos prácticos desde la óptica del operador del sistema acusatorio.

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