Ante un sistema fiscal complejo y un conjunto de leyes fiscales confusas y oscuras, resulta necesario que el contribuyente cuente con diversos medios de defensa legal en materia fiscal que le permitan enfrentar actos y resoluciones ilegales de las autoridades fiscales. En nuestro sistema jurídico pueden clasificarse los medios de defensa fiscal en tres grandes rubros: medios de defensa administrativos, medios de defensa jurisdiccionales y medios de defensa no jurisdiccionales. Los medios de defensa administrativos están constituidos por los recursos que implican la posibilidad de que la autoridad administrativa revise su propio acto, reconozca un error y corrija su actuación en virtud de la petición hecha por un particular. En cuanto a los medios de defensa jurisdiccional, existe el juicio contencioso administrativo, también conocido como juicio de nulidad, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación. El juicio contencioso administrativo se tramita ante los tribunales administrativos con la finalidad de resolver las controversias que se presentan entre los particulares y la administración pública en virtud de los actos emitidos por esta última. Mientras que el juicio de amparo es un medio jurisdiccional protector de los derechos establecidos en la Constitución Federal y los Tratados Internacionales de los que México forma parte y procede contra leyes o actos de las autoridades que violen los derechos humanos. Respecto a los medios de defensa no jurisdiccional, se habrá de mencionar la participación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente que conoce de cualquier acto en materia tributaria emitido por las autoridades fiscales federales, incluyendo a los organismos fiscales autónomos como el IMSS y el ISSSTE, a través del servicio de quejas y reclamaciones, además del procedimiento de acuerdos conclusivos.
