El derecho administrativo sancionador en el Sistema Nacional Anticorrupción es en extremo garantista, es decir, contiene principios tales como la presunción de inocencia, el principio de no incriminación, la carga de la prueba para la autoridad administrativa, la obtención de la prueba lícita, entre otras. De tal suerte que dicho procedimiento se debe llevar a cabo de acuerdo al estricto mandamiento de las normas procesales y a los protocolos de investigación referidos para las Autoridades Administrativas de Investigación, pues en caso contrario, aun cuando el servidor público o particular haya realizado actos de corruptela no podrán ser sancionados administrativamente.
Es importante señalar que las investigaciones realizadas por la Unidad Administrativa de Investigación de los Entes Públicos es de suma importancia para el combate a la corrupción; pues de ello depende, en la mayoría de las veces, de una correcta investigación y obtención de la prueba lícita en materia penal, sobre todo, en la Fiscalía Nacional Anticorrupción y en las locales; así como también las sanciones económicas a favor de la Hacienda Pública, las cuales serán ejecutadas por el Servicio de Administración Tributaria mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución.
