El juicio de amparo es una institución constitucional que desde su conceptualización, por el insigne yucateco, don Manuel Crescencio Rejón, ha sido reconocido como el único medio legal utilizable por los gobernados cuando estimen que un acto de autoridad en el ejercicio de sus funciones restringe la esfera de sus garantías constitucionales. La normativa aplicable al juicio de amparo, en general, había permanecido incólume desde 1936, quedando rezagada a múltiples interpretaciones que los tribunales constitucionales mexicanos efectuaban a las diversas normativas que eran analizadas bajo el prisma constitucional; pero sobre todo, quedaba obsoleta ante los compromisos internacionales suscritos por nuestro país en materia de derechos humanos. La evolución que a nivel internacional han alcanzado los denominados derechos humanos, generó que en nuestro país, en el mes de junio del 2011, se efectuaran reformas al marco constitucional en materia de amparo y de derechos humanos, por lo que era necesario que la legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 sufriera adecuaciones para modernizar nuestro juicio de amparo. A partir de la reforma constitucional apuntada, se generaron innumerables reuniones de trabajo para determinar la derogación o abrogación de la ley de la materia, concluyéndose dichos trabajos con la presentación ante el Congreso de la Unión de variados proyectos modificatorios a la legislación; de todos ellos, lo que permeó, era la necesidad de generar un verdadero cambio en la esencia de nuestro juicio constitucional por excelencia, concluyéndose con la expedición de una nueva legislación que abrogó la entonces vigente de 1936. Esta nueva normativa impone la inexorable obligación de desentrañar su sentido y finalidad, para generar una correcta aplicación de sus dispositivos e impedir el arcaísmo de no acceso a la justicia efectiva. Sirva pues la presente obra para incentivar al lector en el conocimiento de esta interesante y apasionante materia.