El caso de la periodista Lydia Cacho, conocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ejercicio de la facultad de investigación previsto por el artículo 97 de la Constitución Federal, para la averiguación de algún hecho o hechos que resulten violatorios de garantías individuales, fue paradigmático por sus implicaciones políticas, jurídicas y sociales, por lo que el desarrollo de la discusión en dicho Tribunal y su resolución generó un gran interés de la sociedad. Este caso pone en evidencia la importancia que tiene la existencia de un medio de control como el citado para preservar el Estado de Derecho, cuando los medios ordinarios de reparación de violaciones a los derechos fundamentales se ven rebasados. Si bien los pronunciamientos carecen de efectos jurídicamente vinculantes, ello no demerita su función, pues el señalamiento público en contra de quienes, corno forma de ejercicio del poder, cometen violaciones a los derechos de las personas que pudieren resultarles incómodas constituye una sanción de tipo moral cuyas consecuencias sociales no deben ser menospreciadas. La disidencia de los autores respecto del dictamen aprobado por la Corte es lo que da origen a esta obra en la que cada uno de ellos expresa los motivos por los cuales estimó que en el citado asunto si se dieron las violaciones graves a los derechos fundamentales de la periodista. Además, dentro de este marco, manifiestan su opinión en relación con diversos aspectos que pueden resultar controvertidos respecto de la citada facultad de investigación.
