El actual sistema penal de corte acusatorio y oral implicó realizar reformas constitucionales y crear un código que homologará el proceso penal en el país. Dentro de este nuevo contexto, las actuaciones del fiscal deben apegarse a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual tiene por objeto determinar las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los ilícitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así, contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Esta obra ofrece un profundo acercamiento a este tema, para lo cual empieza por exponer los orígenes y la evolución de la procuración de justicia tanto alrededor del mundo como en el caso particular de México. Después examina las figuras del fiscal, la policía y los sujetos que intervienen en el proceso, el ejercicio de la acción penal, el fiscal en las etapas de investigación, intermedia y juicio oral. Más adelante se ocupa de las pruebas, las técnicas de investigación, las medidas cautelares, las soluciones alternas y formas de terminación anticipada, el delito y los derechos constitucionales en el proceso penal acusatorio y oral, a la luz de los derechos humanos. Por último, estudia las nociones generales de la carpeta de investigación y su integración para delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, contra el estado civil y bigamia, contra la paz y seguridad de las personas, contra la vida y la integridad corporal y contra las personas en su patrimonio.

$450.00

El objetivo del proceso penal acusatorio es establecer las normas que deben observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño. De esta manera, se contribuye a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del Derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forme parte. Respecto a la transición actual hacia el nuevo proceso penal acusatorio y oral, relativo a los juicios orales, se requiere la profesionalización de los agentes de policía, federales y locales, ampliamente capacitados y equipados, con conocimiento pleno de las funciones eminentemente preventivas que les toca desempeñar; agentes del Ministerio Público y ministeriales a su cargo, con conocimientos profundos en técnicas científicas de investigación del delito, capaces de garantizar la eficiencia en la procuración de justicia y la confianza de la sociedad. Es muy importante considerar que no existe la fórmula para terminar con los problemas que surgen del proceso penal acusatorio y oral, mucho menos la clave para eliminar los errores en dicho proceso. En el caso de una reforma legal, nunca se ha sabido que haya tenido éxito en cuanto a la aplicación de la justicia y equidad necesarias para terminar con la impunidad y la corrupción, asimismo para lograr el profesionalismo de jueces especializados en la materia requerida.

$180.00

El caso de la periodista Lydia Cacho, conocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ejercicio de la facultad de investigación previsto por el artículo 97 de la Constitución Federal, para la averiguación de algún hecho o hechos que resulten violatorios de garantías individuales, fue paradigmático por sus implicaciones políticas, jurídicas y sociales, por lo que el desarrollo de la discusión en dicho Tribunal y su resolución generó un gran interés de la sociedad. Este caso pone en evidencia la importancia que tiene la existencia de un medio de control como el citado para preservar el Estado de Derecho, cuando los medios ordinarios de reparación de violaciones a los derechos fundamentales se ven rebasados. Si bien los pronunciamientos carecen de efectos jurídicamente vinculantes, ello no demerita su función, pues el señalamiento público en contra de quienes, corno forma de ejercicio del poder, cometen violaciones a los derechos de las personas que pudieren resultarles incómodas constituye una sanción de tipo moral cuyas consecuencias sociales no deben ser menospreciadas. La disidencia de los autores respecto del dictamen aprobado por la Corte es lo que da origen a esta obra en la que cada uno de ellos expresa los motivos por los cuales estimó que en el citado asunto si se dieron las violaciones graves a los derechos fundamentales de la periodista. Además, dentro de este marco, manifiestan su opinión en relación con diversos aspectos que pueden resultar controvertidos respecto de la citada facultad de investigación.

$350.00

$270.00

$600.00

LO SENTIMOS, NO CONTAMOS CON SINOPSIS DE ESTE LIBRO.

$600.00

$500.00