El objetivo del proceso penal acusatorio es establecer las normas que deben observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño. De esta manera, se contribuye a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del Derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forme parte. Respecto a la transición actual hacia el nuevo proceso penal acusatorio y oral, relativo a los juicios orales, se requiere la profesionalización de los agentes de policía, federales y locales, ampliamente capacitados y equipados, con conocimiento pleno de las funciones eminentemente preventivas que les toca desempeñar; agentes del Ministerio Público y ministeriales a su cargo, con conocimientos profundos en técnicas científicas de investigación del delito, capaces de garantizar la eficiencia en la procuración de justicia y la confianza de la sociedad. Es muy importante considerar que no existe la fórmula para terminar con los problemas que surgen del proceso penal acusatorio y oral, mucho menos la clave para eliminar los errores en dicho proceso. En el caso de una reforma legal, nunca se ha sabido que haya tenido éxito en cuanto a la aplicación de la justicia y equidad necesarias para terminar con la impunidad y la corrupción, asimismo para lograr el profesionalismo de jueces especializados en la materia requerida.
