La primera edición de esta obra apareció en un año lejano, que resulta, sin embargo, muy cercano como punto inicial de la historia de una nueva jurisdicción republicana: 1993. Entonces comenzaba la aplicación de las reformas constitucionales adoptadas en 1992 en materia agraria, cuyos antecedentes en el artículo 27 de la Ley Suprema formaban parte -así lo entendimos durante mucho tiempo- de las decisiones políticas fundamentales de la nación mexicana, fruto de una larga y azarosa evolución. En ese desarrollo varias veces secular se sucedieron diversos periodos: desde luego, el régimen prehispánico; luego, la normativa y la práctica -ésta sobre todo, muy distante de la benevolencia que apuntó en algunas normas del ordenamiento dictado, pero no vigilado, en la península-; más tarde, el Derecho liberal del México independiente, empeñado en una modernidad que dejó huella profunda -a menudo trágica- en el ámbito rural; inmediatamente después, las horas de la Revolución, que impusieron reivindicaciones indispensables y cambios profundos en la tenencia y el aprovechamiento de la tierra; y finalmente las reformas de 1992, un giro de gran importancia, vuelta de muchos grados, merced al ímpetu de la renovación liberal -que solemos identificar como neoliberal- y su influencia sobre la justicia destinada a las relaciones jurídicas en el agro.
