Esta obra pasa revista a la grave situación que impera en nuestro país en materia de seguridad pública y justicia penal, y a las propuestas y las disposiciones adoptadas al respecto. A partir de 1996, el autor ha destinado al asunto varias obras publicadas por la Editorial Porrúa y la Universidad Nacional Autónoma de México: Delincuencia organizada, La reforma penal constitucional. ¿Democracia o autoritarismo? y El procedimiento penal. Constitución y Código Nacional. El conjunto, al que se agregan otras publicaciones del mismo autor, proporciona un panorama amplio del tema en el periodo 1996-2019. En este libro, descriptivo y crítico, se analizan los planes nacionales y las estrategias anunciadas a partir de noviembre de 2018, así como las reformas constitucionales aprobadas en 2019, a propósito de cuestiones que han suscitado una intensa polémica: principalmente, la Guardia Nacional, la prisión preventiva oficiosa y la privación de dominio. El autor ofrece sus puntos de vista en torno a las medidas incorporadas a la Constitución y provee de los documentos donde constan los debates que sustentan los cambios normativos. El autor ha insistido en la necesidad de acompañar las muy numerosas reformas constitucionales y legales —que constituyen un verdadero “torrente”— con la reforma de las instituciones y la aplicación eficaz en las normas y en el discurso político. El examen de la realidad —una realidad que “sí existe” y que se halla a la vista de los mexicanos— revela los errores y las frustraciones que hemos enfrentado en el curso de los últimos lustros. En los hechos, la delincuencia crece y se multiplica. Además, ha adquirido expresiones alarmantes que colocan a la inseguridad pública en el primer lugar entre los problemas que es preciso reconocer y resolver con decisiones que vayan mucho más allá de las disposiciones legales y las proclamas, hasta hoy infructuosas.

$420.00

Esta obra obedece al objetivo de proveer elementos para el conocimiento de los criterios adoptados y las propuestas surgidad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca del debido proceso. Este es el tema; los activos personajes son los sere humanos, cuyos derechos se hallan en cuestión, y la Corte Interamericana es la encargada de examinarlos y preservarlos. Desde luego, se trata de una materia dinámica, en constante desarrollo; de un opjeto proteico, diverso, al que concurren elementos numerosos, cuyo conjunto se encuentra en constante revisión y crecimiento. Y lo es, evidentemente, pues la jurisprudencia del tribunal interamericano, en plena actividad reflexiva y creativa, en cada sentencia adelanta pasos y sugiere rumbos. El flujo constante y benéfico de las ideas y las decisiones construyen la jurisprudencia de un tribunal cuya labor no se ha detenido en todos los años transcurridos desde su creación, ni se detendrá, por fortuna, en el inmediato porvernir. El libro que tiene el lector en sus manos consta de dos partes: La primera está integrada por un extenso estudio sistemático sobre los conceptos del debido proceso, así como sobre los criterios de la Corte Interamericana respecto a este y de sus componentes, en un doble espacio: el nacional y el internacional interamericano. La segunda parte recoge textos contenidos en los votos particulares que el autor emitió, casi siemore como votos razonados o concurrentes, en el tiempo de su desempeño como juez de la Corte Interamericana, desde 1998 hasta 2011.

$300.00

La primera edición de esta obra apareció en un año lejano, que resulta, sin embargo, muy cercano como punto inicial de la historia de una nueva jurisdicción republicana: 1993. Entonces comenzaba la aplicación de las reformas constitucionales adoptadas en 1992 en materia agraria, cuyos antecedentes en el artículo 27 de la Ley Suprema formaban parte -así lo entendimos durante mucho tiempo- de las decisiones políticas fundamentales de la nación mexicana, fruto de una larga y azarosa evolución. En ese desarrollo varias veces secular se sucedieron diversos periodos: desde luego, el régimen prehispánico; luego, la normativa y la práctica -ésta sobre todo, muy distante de la benevolencia que apuntó en algunas normas del ordenamiento dictado, pero no vigilado, en la península-; más tarde, el Derecho liberal del México independiente, empeñado en una modernidad que dejó huella profunda -a menudo trágica- en el ámbito rural; inmediatamente después, las horas de la Revolución, que impusieron reivindicaciones indispensables y cambios profundos en la tenencia y el aprovechamiento de la tierra; y finalmente las reformas de 1992, un giro de gran importancia, vuelta de muchos grados, merced al ímpetu de la renovación liberal -que solemos identificar como neoliberal- y su influencia sobre la justicia destinada a las relaciones jurídicas en el agro.

$600.00

$290.00

Esta obra ofrece un panorama de la reforma constitucional sobre derechos humanos iniciada en 2009 -aunque tiene antecedentes, por supuesto, en diversos trabajos de preparación legislativa, que no prosperaron- y consumada en 2011. La meritoria reforma constitucional, que transitó caminos difíciles, ha sido el fruto de un intenso trabajo parlamentario. Hubo ires y venires entre Cámaras del Congreso de la Unión, que aportaron modificaciones y progresos -no siempre, sin embargo- y finalmente cumplieron el propósito de sistematizar en la Ley Suprema de la Nación el tema radical, principal, decisivo de una Constitución: los derechos del ser humano. Todo lo demás se halla al servicio de esos derechos, en el marco de una sociedad democrática.áEsperamos que este texto sirva a quienes estudian el principal tema del orden jurídico: los derechos humanos. Y confiamos, sobre todo, en que sea útil a quienes reclaman el respeto y garantía de sus derechos en la vida diaria, frente al abuso y la claudicación, la indiferencia y el extravío de autoridades que no honran la palabra empeñada: cumplir y hacer cumplir la Constitución.

$340.00

El Estatuto de Roma fue adoptado en 1998 como respuesta a la necesidad de enfrentar la delincuencia más grave de alcance internacional. Este tratado constituye el fundamento jurídico de la Corte Penal Internacional, tribunal independiente encargado de juzgar a personas acusadas de crímenes de genocidio, de guerra, de lesa humanidad y de agresión. A pesar de que en algunos países se puso en tela de juicio la legitimidad del organismo, muchos Estados se adhirieron a él inmediatamente en calidad de Estados Partes. En su caso, México lo ratificó en 2005. En este libro, que ya ha merecido varias ediciones, Sergio García Ramírez examina el debate que dio lugar a la instauración de la Corte Penal Internacional. Reflexiona, además, sobre la pertinencia de que México ratificara el Estatuto de Roma para ingresar en ese sistema de justicia penal internacional, y pondera las virtudes y deficiencias de dicho tratado, así como la jurisdicción internacional desde la perspectiva del Estado mexicano. En esta nueva edición, el autor actualiza el tema e incorpora un balance sobre la justicia penal internacional, que señala las repercusiones del Estatuto de Roma en la primera década de su adopción. Asimismo analiza las aportaciones de la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma, celebrada en Kampala, del 31 de mayo al 11 de junio de 2012.

$349.00

El desarrollo de la medicina, el examen de las relaciones entre ésta y el Derecho, la aparición de litigios a propósito de la atención médica y el establecimiento reciente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico han influido en el creciente interés por la responsabilidad penal que puede surgir de la práctica de la medicina, de los errores o actos de negligencia por parte de los profesionales de la salud. Este estudio detalla el tema de la responsabilidad penal del médico, partiendo de algunas consideraciones introductorias como la relación médico-paciente, la bioética y el desarrollo científico. Asimismo se analizan las categorías delictivas en función del sujeto activo, las excluyentes de incriminación, los casos de dolo y culpa, las sanciones, las causas extintivas de la responsabilidad penal y las cuestiones procesales. En esta nueva edición actualizada se hace referencia a la normativa internacional y a la legislación emitida en los últimos años.

$450.00

En 1994, bajo el signo de la Editorial Porrúa, apareció la primera edición de esta obra. Se dedicó entonces a examinar con detalle la reforma constitucional de 1993 en materia penal, así como la legislación procesal secundaria que fue luego modificada, en atención a esos cambios constitucionales y por otros motivos. Ciertamente, esa reforma constitucional tuvo gran importancia para nuestra disciplina -en el doble campo sustantivo y adjetivo- y aportó algunos avances notables, al lado de errores manifiestos que pronto determinarían nuevas enmiendas constitucionales y secundarias. En la segunda edición de esta misma obra tomé en cuenta otras reformas y diversos ordenamientos relevantes, vinculados con la materia que el libro examina. Agotada pronto esa segunda edición -gracias al interés de los lectores, que agradezco- emprendí la preparación de la tercera. ésta ve la luz, finalmente, al cabo de varios años. En el camino se multiplicaron los cambios constitucionales y legislativos, últimamente concentrados con especial predilección -pero no siempre con acierto- en los asuntos penales, como efecto de la inseguridad pública y de la carencia de políticas efectivas, que se erijan sobre el debido conocimiento de estos problemas y los aborden con profundidad, perseverancia y energía. Ha sido más fácil reformar las leyes que mejorar las condiciones de la vida y el desempeño de las instituciones. En estos años hubo, inclusive, un viraje inquietante en el rumbo penal mexicano. Comprometido éste con las corrientes democráticas y garantistas, de pronto acogió simiente de otras orientaciones. Fue así como se expidió la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada -a cuyo estudio he dedicado otro libro, coeditado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y por la Editorial Porrúa- y ha sido así como se han recogido algunas instituciones y medidas que significan retrocesos y peligros que están a la vista; o peor todavía: que ya padecemos. Todo ello obedece, en el mejor de los casos, a la desesperación ante una delincuencia que avanza y una acción estatal que no la contiene. En los últimos años no se presentó la posibilidad de que la Constitución mexicana -en las que siguen campeando orientaciones democráticas- fuese alterada con la incorporación de normas que hubieran significado la entronización del más flagrante autoritarismo en el procedimiento penal. Eso habría ocurrido si se hubiesen aprobado, en sus términos, las reformas propuestas por el Ejecutivo en 1997 a los artículos 16, 19 y 20 constitucionales. En los primeros casos se pretendía deshacer el entuerto causado por la sustitución del concepto cuerpo del delito por elementos del tipo penal (con su cauda de consecuencias prácticas, que es lo que interesa en definitiva), pero para ello se proporcionaba un remedio que hubiera sido peor que la enfermedad, como se suele decir: flexibilizar el ejercicio de la acción penal -que en este orden implica flexibilizar el Estado de Derecho- y permitir que éste se fundase apenas en la acreditación más o menos ligera de los elementos materiales del tipo penal. En cuanto al artículo 20, se deseaba incorporar al sistema procesal mexicano -que de esta suerte se hubiera visto infectado- el juicio penal en ausencia. Afortunadamente hubo enérgica oposición a esas reformas y se frenó el designio renovador, que hubiera sido, en el fondo, regresivo. La demora en la edición que hoy aparece obedeció sobre todo a la necesidad de poner al día, una y otra vez, las consideraciones acerca del procedimiento penal que aquí figuran, en función de los cambios constantes que el nerviosismo legislativo ha traído consigo. Finalmente, lo que el lector tiene en sus manos ya no es solamente la revisión del sistema procesal a la luz de las reformas constitucionales de 1993, más sus consecuencias secundarias y ss conexiones en otros ordenamientos.

$300.00

$495.00