La presente obra muestra el proceso de implementación del sistema de justicia juvenil en México, bajo la premisa de que éste exige modificaciones legales e institucionales, así como la aplicación de determinadas prácticas y conductas que le den vigencia. No bastan la expedición de leyes o códigos ni el estableciemiento de estructuras administrativas y judiciales, sino que es preciso concretar, en el funcionamiento del sistema y en la forma de actuación de sus operadores, el programa normativo contenido en la Constitución federal para impactar positivamente en la vida de los jóvenes y garantizar la ejecución de procesos justos. La reforma penal de México comenzó por la justicia para adolescentes; el paradigma de la protección integral de la infancia se instaló definitivamente en el país con la reforma constitucional al artículo 18 en 2005. Ambos aspectos se conjugaron con el establecimiento de un sistema de justicia especializado, desde el punto de vista de las características de los sujetos a quienes se dirige, guiado por los principio de la Convención de Derechos del Niño y por los que rigen a los sistemas penales de corte acusatorio. Para el derecho nacional, esta modificación representó el reconocimiento definitivo del niño como sujeto con derechos especiales; la eliminación del juzgamiento discrecional, sin garantías, de un grupo de personas; el replanteamineto de la relación del Estado con la infancia infractora, y el punto de partida de la transformación del sistema penal consumada definitivamente en 2008.