El valor del presente libro, de la autoría del Dr. Boris Barrios González, es que en un primer aspecto distingue los principios de las reglas que integran la teoría de la sana crítica” y con una metodología depurada expone, primero, los principios que integran y sustentan la sana crítica y, luego, las reglas de aplicación. En efecto —dice— la interpretación es una cuestión de principios; mientras que la aplicación es una cuestión de reglas. De allí que, primero, para interpretar la prueba tengamos que valernos de los principios lógicos que integran la sana crítica, los cuales son: el principio de identidad, el principio de contradicción, el principio del tercero excluido y el principio de razón suficiente, y de esta manera se le da estructura y existencia física a la prueba; mientras que para valorar la prueba, frente al caso que se juzga, debemos recurrir a las reglas que requiere su aplicación práctica, que en materia de la teoría de la sana crítica suelen ser reglas universales de aplicación, algunas recogidas y asimiladas por las legislaciones. Explica el autor que los principios de la sana crítica son los principios de la lógica analítica y la dialéctica, es por eso que frente al caso que se juzga se debe individualizar, primero, la prueba a interpretar, porque ello va a determinar si estamos en el escenario de la analítica o la dialéctica (la analítica es lógica formal y la dialéctica es lógica no formal) y una vez resuelto el método de la lógica aplicable, entonces, se pasa a su valoración. Para este autor, la valoración implica, entonces, reglas de procedimiento entre las que podemos mencionar: que se trata de un razonamiento lógico o analítico; o un razonamiento dialéctico; se expresa en forma de motivación o argumentación; atiende al análisis individual y conjunto de la prueba; que atiende al concepto de órgano, objeto y medio de prueba; y se informa de la equidad y los principios que gobiernan el proceso y la prueba. Se trata de un libro que lleva al lector de la teoría a la práctica; en la aplicación de una metodología que bien pudiera llamarse didáctica probatoria, porque permite distinguir el ámbito de interpretación del ámbito de aplicación de la sana crítica en el proceso judicial.

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La reforma penal constitucional de 2008 consta de dos partes incompatibles entre sí: un avance innegable en el reconocimiento de derechos sustantivos priorizando un novedoso sistema procesal que permite de manera efectiva el acceso a la justicia penal; y un régimen de excepción que flexibiliza los derechos de las personas y privilegia los esquemas precondenatorios, incluyendo afectaciones a la presunción de inocencia y privaciones de la libertad sin pruebas que redundan en la imposición de penas sin condena. Es el caso del arraigo, la herramienta penal del modelo de seguridad vigente. Su objetivo es detener para investigar, lanzando a las personas afectadas a un limbo jurídico sin garantías, sin acusación, sin pruebas, ni siquiera vinculación a proceso penal alguno.

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El Turismo Sexual Infantil es un cáncer que ha crecido silenciosamente durante los últimos 15 años, ubicando a México en el deshonroso segundo lugar donde ocurre este delito después de Tailandia, ya que a diferencia de la Trata de Personas no se encuentra legislado en 30 estados, de ahí que si no es tipificado pues no es sancionado. Esta es la primera obra, que analiza el Turismo Sexual Infantil desde un punto de vista tanto sociológico como jurídico, la autora, no solo dilucida la teoría del delito y su marco jurídico de acción en Turismo Sexual, sino también dirige una propuesta en base a la proyección de alternativas, selección de criterios, proyección de resultados y confrontación de costos para la creación de Políticas Públicas que lleven a la prevención y combate de este delito, que suma 16000 víctimas de niños y niñas al año, pequeñas víctimas que pasarán a su mayoría de edad como victimarios, incrementando la criminalidad en nuestro país.

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Uno de los fines ínsitos del Estado de Derecho es proteger a la comunidad de ciudadanos en su persona y en sus bienes. Inmanuel Kant, en la Metafísica de las Costumbres con la expresión poderes salvajes alude con claridad a aquella libertad salvaje y desenfrenada como manifestación de la ausencia de normas reguladoras de la conducta humana, es decir, carencia de derecho propio del estado de naturaleza. En esta condición previa los más fuertes someten físicamente a los más débiles, en cambio, cuando el gobierno de la fuerza transita por el gobierno de leyes, exprésase a una manifestación de la racionalidad humana y no de su fuerza vital. Así, el derecho limita al poder y organiza la coercibilidad de las leyes de una forma racional y centralizada en el Estado, o como escribiera Aristóteles, estar gobernado por buenas leyes, es el gobierno de la razón. En esta obra, el doctor Miguel Angel Mancera Espinosa, sin hacer a un lado el garantismo y el Estado de Derecho, toma decidida posición teórica compartida con el profesor alemán Gunter Jakobs, teórico del Derecho Penal del Enemigo. El libro da cuenta de que esta teoría está presente en la reforma constitucional, pero toma distancia de tesis como lo siguiente: …Se preservó el régimen de excepción en el combate a este tipo de delincuencia… en cambio, escribe con convicción: Consideramos indispensable trabajar a nivel constitucional en una justificación que oriente este tipo de normativa hacia una legislación especial, en lo cual se entienda que forma parte del propio Derecho Penal… son razones de peligrosidad para justificar un trato diferente al de los demás, incluso, como lo propone Jakobs, a ser considerado como un foco de peligro, pero en todo caso conservando la atención estricta al principio de legalidad… De lo anterior puede diferirse que el doctor Mancera está convencido de que la delincuencia organizada debe ser tratada con un Derecho Penal especial acorde con la especificidad de estos grupos criminales.

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Con motivo de la reforma constitucional en materia de Seguridad Pública y Justicia Penal de fecha 18 de junio de 2008, se implementaron cambios importantes que modifican la forma de prevenir e investigar el delito así como de administrar justicia, transitándose de un modelo mixto inquisitivo a uno mixto acusatorio y oral, lo cual refleja nuevos roles de los distintos sujetos participantes del sistema y uno de suma importancia es la implicación de la investigación policial en dicho cambio paradigmático en México. La misión constitucional de la policía contenida en los artículos 16 y 21, será la investigación con dos objetivos primordiales; la investigación para la prevención del delito y la investigación para la persecución, contando con nuevas facultades que le otorgan los distintos ordenamientos jurídicos desprendidos de Decreto de Reforma Constitucional mencionado, como por ejemplo la debida preservación y control del lugar de la escena del hecho o del hallazgo, así como el correcto procesamiento del material probatorio que contiene varias fases: preservación, fijación, señalamiento, levantamiento, embalaje técnico, etiquetado y traslado al laboratorio según corresponda de indicios, huellas o vestigios, instrumentos, objetos o productos del delito, existiendo para tales efectos Unidades de Policía facultadas por los Integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública para realizar tales funciones, siendo la base en la etapa de investigación del sistema penal acusatorio que garantizará su éxito.

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¿Cuáles son y cómo se configuran los delitos informáticos? ¿Cuál es su capacidad de rendimiento en el ámbito forense? Para despejar dudas y orientar al operador jurídico, Luis Azaola Calderón, Coordinador de Investigación del Instituto de Formación Profesional (IFP), ha realizado esta estupenda obra. Para quienes se interesen en la prevención y sanción de los delitos informáticos, esta publicación les resultará tan útil como reveladora.

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Con sustento en el enfoque de Derechos Humanos, la teoría del género y la dogmática jurídica, Katherine Mendoza Bautista, analiza propuestas vinculadas a lo que hoy conocemos como Feminicidio. Cualqueira que sea la denominación, nos encontramos ante una obra única en su especie, que debiera revolucionar nuestra legislación penal para salvaguadar los derechos de quienes forman parte de grupos en especial situación de riesgo.

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El 17 mayo de 1999 el contenido del diario oficial de la federación incluye nuevas figuras jurídicas que seguramente en su momento fueron consideradas como una legislación de avanzada y que ubicaba a méxico dentro de los principales países en prever dentro de su marco jurídico la figura de acceso ilícito a sistemas y equipos de información a casi 10 años de existencia de esta reforma es indudable que las acciones humanas se han ido sofisticando continuamente en su sentido totalmente ambivalente en el aspecto negativo la evolución nos ha llevado a presenciar como muchas mentes brillantes y por que no decirlo mal aprovechadas han hecho uso de la tecnología con un sentido vanidoso caprichoso antisocial y en algunos casos antijurídico.

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Cada año, alrededor de 2 millones de adolescentes sufren lesiones por accidentes de transito en Mexico. De echo, los accidentes de transito son el problema de salud que requiere mas dias de atencion hospitalaria por paciente -5.2-, dias con los concecuentes costos al sistema de salud. las causas de mas de la mitad de los accidentes siguen siendo las mismas: el exceso de velcidad y el consumo de bebidas alcoholicas. En el mismo comunicado se advierte que mientras las instituciones de procuracion de justicia del pais contabilizan 890,000 incidentes viales, las compañias aseguradores reportan casi 5 millones de percances viales. Por su parte el Gobierno del Distrito Federal reporta que, en 2008, circularon diaraiamente en la Ciudad de Mexico un promedio de 4 millones de automoviles y que, en ese mismo periodo se presentaron 22,000 accidentes de transito, de los cuales 5,400 fueron atropellamientos.

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El combate a la delincuencia implica diversas propuestas: algunos académicos y políticos consideran que lo que debe hacerse es promover el desarrollo social #salud, educación, trabajo, recreación#- para abatir el delito. Otros creen que es necesario fortalecer el aparato represivo: que cada violación a la ley tenga una respuesta contundente por parte del Estado. Si bien es más fácil coincidir con los primeros (pretender gobernar con base en el Código Penal nos llevaría a un tiranía sin sentido), cuando uno descubre que algunos de los delitos que más dañan a una comunidad son cometidos por personas situadas en la cúspide de la pirámide social, se pregunta hasta dónde pueden enfrentarse todas las conductas delictivas con el desarrollo social# A las propuestas para combatir la delincuencia se suma la Criminología Administrativa. Irvin Waller, uno de sus más connotados exponentes en el mundo, ofrece respuestas. En el texto que hoy presentamos a nuestros lectores, explica que, para aplicar los recursos de manera eficiente, no se deben perseguir los hechos consumados sino instrumentar políticas públicas de prevención. El autor apuntala su hipótesis con datos oficiales y experiencias exitosas en otras latitudes. Coincidamos con él o no, sus advertencias deben servirnos como punto de partida al momento de reflexionar acerca de lo que conviene hacer en materia de procuración de justicia.

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