Este opúsculo está dirigido primordialmente a los estudiantes de Derecho. Tiene como finalidad resaltar la importancia y trascendencia de la Ciencia y Arte jurídicos, así como enfatizar la función social del jurista en su carácter de jurisprudente, abogado, maestro y juez. Pretende, además, exaltar la grandeza del Derecho y concitar el desprecio hacia su simulación. En prosecución de este doble objetivo se ofrece a los lectores una descripción de los mencionados tipos desde un punto de vista cualitativo ideal o deontológico. En contraste, también en este breve ensayo se exhiben las características del simulador del Derecho. La oposición entre éste y el jurista puede significar una especie de propedéutica para un curso de ética jurídica que tanto necesitan nuestro estudiantes. Así, desde la iniciación de su carrera podrán calificar a sus profesores como verdaderos maestros del Derecho o como mediocres docentes de ficción y apariencia; y si posteriormente se entregan al estudio de la ciencia jurídica y a su ejercicio pragmático, estarán en condiciones de distinguir al jurisprudente, al abogado y al juez auténticos, del simulador en cada una de estas categorías, a efecto de que puedan optar por el luminoso camino del Derecho o por la senda tortuosa que conduce a su desvirtuación.

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El tema concerniente al Proceso de Cristo es universalmente conocido. Nunca ha dejado de tener actualidad. En cada Semana Mayor se le conmemora. Sobre él hay una abundante literatura que recoge diferentes ideologías religiosas, mismas que, a través de ópticas variadas, lo analizan y comentan diversamente. Múltiples insignes escritores, desde la antiguedad hasta nuestros días, han elaborado enjundiosos estudios respecto de las cuestiones mitológicas, sociales y políticas que su permanente tratamiento suscita. Por estas, y otras muchas razones, suponemos que la obra que hoy emprendemos quedará inmersa, sin ninguna relevancia, en el grandioso océano del pensamiento humano. Sin embargo, creemos que, mediante ella, intentamos apreciar el proceso de Jesús desde el punto de vista eminentemente jurídico, sin tener la osadía de agregar un ápice a la eclosión de ideas que sobre tan ingente tópico se han emitido, desde que se desarrolló y concluyó, hasta la actualidad y que con seguridad se expresarán en el futuro.

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Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que el juicio de amparo, bajo su estructura constitucional-legal y funcionamiento práctico, es una institución netamente mexicana. Con la anterior aseveración no pretendemos dar a entender que el juicio de amparo, como medio de control constitucional en sí mismo considerado, haya tenido su origen en nuestro país, puesto que bien puede reconocer antecedentes extranjeros; lo único que intentamos significar es que, estando nuestra institución tuteladora de tal manera peculiarizada por sus diversas modalidades jurídicas, éstas le imprimen un carácter típicamente nacional. Se afirma muy a menudo que los jurisconsultos mexicanos siempre han recurrido a sistemas jurídicos extranjeros para elaborar la ordenación legal respecto de una institución de derecho determinada, no faltando quienes los tilden, falsamente por cierto, de simples copistas o imitadores. Nada más absurdo que esta suposición, pues ninguna institución jurídica, sea cual fuere la rama del Derecho a que pertenezca, nace en un sistema estatal determinado aislada completamente de un precedente extranjero, esto es, por modo íntegra y absolutamente original, ya que su aparición es en la mayoría de los casos la consecuencia de un proceso evolutivo previo que afecta o debe afectar a todos los órdenes de derecho que tengan un origen cultural común; además, la implantación de una institución jurídica en un país determinado que haya tenido como modelo o fuente de inspiración a la correspondiente en un sistema de derecho extranacional, casi nunca se lleva a cabo por mera imitación, sino mediante la adopción de modalidades, atributos y caracteres, establecidos originalmente, atendiendo al medio ambiente de que se trate. Baste comparar cualquiera institución jurídica civil, mercantil, etc., mexicana con aquella extranjera que sirvió de modelo a su formación legal, para llegar a la conclusión de que siempre en la primera existen innovaciones, cuyo conjunto le atribuye un perfil propio. Este conjunto de modalidades jurídicas innovadoras puede ser más o menos amplio, según el caso. Pues bien, puede suceder que los autores de una institución jurídica se hayan solamente inspirado en un sistema de derecho extranjero o que hayan tornado únicamente en cuenta un solo elemento de una materia jurídica ajena (objeto, funcionamiento procesal, efectos prácticos, causas, etc.), pero que, en su formación normativa, hayan dado a aquélla matices propios. Entonces la obra no puede decirse que sea copia del modelo; es inadmisible que se considere que, bajo tales condiciones, la institución de que se trate sea de origen y naturaleza extranjeros en toda su integridad, pues, siendo su estructuración jurídica en su mayor parte original, debe reputársele como nacional.

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Es indudable que el Derecho Constitucional integra una importante rama de la Ciencia Jurídica, o se, de la disciplina cultural que estudia el Derecho valga la tautología como conjunto de normas de conducta cuyos atributos esenciales concurrentes son la bilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Estos atributos distinguen a la norma jurídica de las demás normas de conducta humana. La bilateralidad entraña que el Derecho regula los actos exteriores del hombre y, por extensión, de toda entidad que tenga un subtrátum humano, pues los actos meramente subjetivos, es decir aquellos que no trascienden de la inmanencia, son indiferentes a la normación jurídica, ya que ésta solo los toma en cuenta para la estimación del comportamiento externo y únicamente con vista a este comportamiento, sin el cual permanecen ajenos al campo del Derecho.

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En diciembre de 1994 se publicaron importantes reformas constitucionales en el Diario Oficial de la Federación. Entre ellas figuran las concernientes a su artículo 21 estableciendo la impugnabilidad jurisdiccional de las decisiones del Ministerio Público de no ejercitar la acción penal y de desistirse de la misma. En la vigésima séptima edición aludimos a dicha reforma, que también prescribe la necesidad de normativizar la seguridad pública como función del Estado. Con fecha 3 de julio de 1996 se adicionó el artículo 16 de la Constitución con un párrafo para posibilitar jurídicamente la llamada intervención telefónica como medida para combatir la delincuencia organizada. En la Vigésima Octava y Vigésima Novena ediciones aludimos a dicha adición, así como a las modificaciones practicadas a los artículos 20, 21 y 22 constitucionales que se publicaron en la última fecha indicada. En la Trigésima Edición, formulamos algunas consideraciones sobre los derechos humanos desde el punto de vista axiológico y dentológico tendientes a precisar su naturaleza para distinguirlos de los derechos subjetivos generales del gobernado. Por lo que concierne a la Trigésima Primera Edición, Trigésima Segunda y a la presente, nos referimos a las reformas que en 1999 y 2000 se practicaron a algunos preceptos constitucionales, tales como el 16, el 20, el 22, el 27 y el 28, para mantener actualizada esta obra.

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