En los últimos días, mucho se ha escuchado respecto del establecimiento de un nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, caracterizado por ser un sistema que garantiza el irrestricto respeto a los derechos humanos, mismo que actualmente ya se encuentra operando en diversas entidades federativas, tanto en el fuero local como en el federal, este sistema deberá estar instrumentado en todo el territorio nacional a más tardar el 18 de junio de 2016. Sin embargo, a escasos meses de que fenezca dicho plazo para su implementación en todo el país, poco o casi nada, se ha escuchado respecto de las implicaciones jurídicas y materiales de este nuevo sistema en los casos de delitos complejos, como es el caso de la delincuencia organizada, que corresponde a uno de los más graves problemas de seguridad pública que aquejan a nuestro país.