Hablar de Política Criminal y pensar en términos de una buena Política Criminal debe ser un componente que acompañe a todo abogado que se precie de ser un penalista. Pareciera ser que una afirmación de ese calibre resulta carente de sentido si consideramos que un penalista formado nunca puede dejar de lado la visión y el análisis de la Política Criminal, al menos, la de su tiempo y es que, por desgracia cada vez es más frecuente encontrar que tan solo en el selecto círculo del penalismo, los estudiosos nunca pierden esa imprescindible brújula en sus análisis, mientras que el grupo que conforma la masa y en el que que se insertan principalmente los penalistas del foro —salvo excepciones— pareciera estar sectorizado en un campo de acción —unos se dicen penalistas, otros procesalistas, en fin— pero en realidad poco de mucho o casi nada hace que los dientes de la rueda no encajen. Los penalistas del foro viven preocupados por el caso del momento y por escalar o mantener un cierto status bien o mal logrado. No existe en ellos la más mínima preocupación de la razón de ser por la que se adopta una reforma legislativa; la refieren y en el mejor de los casos la critican en los clubes de abogados o en charlas de café en que discernir sobre una botella de vino, sea cual fuere, genera mayor atención que el debate legislativo de una reforma penal —en el sentido amplio del término— que amenaza con atacar o disminuir seriamente las libertades. No es que este desinterés por la Política Criminal sea exclusivo de un número significativo del penalista practicante, sino que, por ser uno que especialmente debiera estar interesado en ella, me atrevo a destacar su enorme desapego sobre todo en estos tiempos en que el discurso a la Seguridad Pública avanza en forma preocupante frente al discurso de los Derechos Humanos y de manera significativa la defensa de estos derechos tiene especial presencia frente a los tribunales.