Hablar del tema de la responsabilidad legal de los servidores públicos implica inevitablemente hacer referencia a una de las instituciones jurídico-políticas que ha sido utilizada como sistema de gobierno en numerosos países del orbe: la democracia, porque la responsabilidad que tienen frente a los gobernados es uno de los elementos fundamentales de esta institución político-constitucional.
El concepto de democracia existe desde la época clásica griega pero adquiere una nueva dimensión con la creación del Estado Liberal que surge como una reacción ante los abusos de los dictadores monárquicos y absolutistas al reivindicar los derechos y libertades individuales mediante la participación del pueblo en la adopción de la forma de gobierno que más le convenga, en ejercicio del derecho inalienable llamado soberanía.
Como producto de la voluntad libre se crea un Estado de Derecho con base en un orden constitucional que consagra, en primer término, las garantías de los individuos, y en segundo la organización, el funcionamiento, las facultades y las atribuciones de los órganos de gobierno -creados también por esa voluntad popular- para que actúen en función del bienestar común. La actuación de los gobernantes debe estar circunscrita a ese orden constitucional y a las leyes que de ella emanen y están obligados a la guarda y respeto a ese ordenamiento legal supremo; por lo que la honestidad y la eficiencia en el desempeño de sus tareas públicas deben ser sus características fundamentales inseparables y, en caso contrario, están obligados a responder por su incumplimiento.
El objetivo que persigue este ensayo es presentar de manera integral el sistema de responsabilidades de los servidores públicos, considerando sus funciones, atribuciones y prerrogativas constitucionales y legales.
