Hoy en día la actividad de nuestras instituciones electorales, incluídos los partidos políticos, parece alejada del derecho de acceso a la información pública. Aunque este sector haya impulsado la aparición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal y la posterior creación del IFAI, resulta paradójico que no baste con el reconocimiento constitucional de un derecho si no existen recursos judiciales accesibles y eficaces para castigar toda violación. En su condición de institución pilar de la democracia, el Instituto Federal Electoral ha despertado importantes suspicacias en torno a su actuación, las cuales podrían llevar a fuertes conflictos sociales. El único antídoto contra las sospechas deberá ser una política de puertas abiertas y una total disposición al escrutinio público. La autora de este título sostiene que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano mexicano está lejos de ser eficaz por varios motivos, como el hecho de ser administrado por un órgano especializado en materia electoral y no en derecho de acceso a la información, lo que provoca una antinomia entre las normas y la tendencia a favorecer a las primeras sobre las segundas. Sin duda, el problema radica en trascender la retórica y garantizar el efectivo acceso de todas las personas a la información.
