La ejecución de las sentencias adversas al Estado da lugar a una especial problemática, distinta de la que se presenta cuando el fallo es contrario al particular; el ejecutado ejerce autoridad y poder público. Esta situación se complica cuando se le añaden específicas y cuestionables conceptuaciones e interpretaciones de postulados válidos, como la división de funciones, la inembargabilidad del dominio público y la prevalencia del interés general. El presente trabajo realiza una crítica de los condicionamientos dogmáticos que limitan las facultades de ejecución de los jueces respecto de la administración pública, para proponer una nueva base teórica del sistema que lo haga eficaz y, sobre todo, que permita hacer honor al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
