Suman más de ciento setenta años de la aprobación en el Acta Constitutiva de Reformas del 18 de mayo de 1847, y su artículo 25 -propuesto por Mariano Otero- en el que se previó al juicio de amparo, y de que se dictara la primera sentencia que otorgó la protección de la justicia de la unión. Fue éste el punto de partida, en la práctica, de una institución fundamental para el desarrollo de la función jurisdiccional en México. La evolución del juicio de amparo es una de las materias más interesantes para el estudio del derecho constitucional. De ser sólo un instrumento o medio de control para constatar que los actos de autoridad -incluyendo normas generales- se apegaran a las disposiciones de la Constitución federal, su rango de protección se expandió notablemente para analizar si dichos actos cumplían con el principio de exacta aplicación de la ley.