México no escapa a los fenómenos del fraude fiscal, y en los últimos años se han puesto de moda algunas operaciones o figuras, realizadas por los contribuyentes, las cuales van desde lo que podría calificarse como criterios interpretativos equivocados, hasta prácticas simulatorias. Ante ello, la Administración Pública ha reaccionado para erradicar este tipo de conductas, por lo que para combatir aquellas prácticas que se han calificado de simulaciones fiscales, se reformó la legislación tributaria a fin de dotarles de facultades, que si bien son limitadas, le permita a las autoridades, en el marco del ejercicio de sus facultades de comprobación, analizar las operaciones realizadas por los contribuyentes, de manera que, cuando lleguen a ser calificadas como simulación de actos jurídicos, pueda recalificarlas, exclusivamente para efectos fiscales, a fin de determinar los efectos tributarios que les correspondan, sin que ello obste para que se presenten denuncias penales por estimar que se está en presencia de prácticas de evasión tributaria. El propósito del presente trabajo es estudiar estos fenómenos y examinar si se encuentran correctamente regulados, si son combatidos apropiadamente; y si los instrumentos jurídicos con que cuenta nuestra legislación son adecuados y suficientes para obtener los resultados disuasivos esperados por las autoridades fiscales; o si requerimos de cambios legislativos para mejorarlos, investigando si los problemas en su operación práctica obedecen a impericias en su aplicación.
