La complejidad normativa de la materia tributaria ha dado como resultado una interacción altamente dinámica entre el gobernante y el contribuyente; el primero en su labor de recaudador fiscal, y el segundo, en su búsqueda de estrategias para amortizar sus cargos fiscales. Esto significa que tal interacción no solo atiende enfoques administrativos, sino que propicia la existencia de un cauce dogmático-funcional, en el que el Estado mexicano busca un vector coactivo para recaudar y, a la vez, detectar posibles estrategias que propicien la evasión y la defraudación fiscal, así como las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo anterior significa la existencia de un sistema complejo por parte de la autoridad fiscalizadora en relación con las personas que pagan impuestos, debido a la complejidad del sistema que construye el contribuyente en sus estrategias fiscales y financieras, así como el sistema elaborado por el gobierno mexicano para la recaudación fiscal, los cuales rebasan las estructuras del dogma jurídico para mantener un orden jurídico-social. Por lo tanto, para el estudio de este fenómeno tributario, desde la óptica legal en su función administrativo-fiscal-penal, es necesaria la aplicación de sistemas de inteligencia y de contrainteligencia que permitan observar no solo el dogma jurídico fiscal-penal-administrativo, sino el alcance operativo de dicho fenómeno.
