Hugo Carrasco Iriarte: Nació en la ciudad de México en 1949. Obtuvo la licenciatura en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, generación 1968. Especialidad y maestría en derecho fiscal. Pasante de derecho en el despacho López Montes y Asociados. Responsable del área jurídica en la Delegación IDECO-TLAXCALA, 1973-1975. Abogado en el Departamento de Amparos y Juicios Fiscales, Dirección General Jurídica, Secretaría de Industria y Comercio, 1976. Secretario de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación en 1977-1978, secretario general de acuerdos de dicho tribunal en 1978-1982 y magistrado de ese tribunal en 1983-1990. Durante 1991 fue asesor fiscal en la Dirección General Jurídica de la UNAM y a partir de mayo de 1991 se le nombró coordinador jurídico auxiliar en la Coordinación Jurídica Sectorial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Director de lo Contencioso en el Departamento del Distrito Federal en 1992-1993 y director en la Primera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en 1994. Subdirector de Legislación en la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal 1995. Administrador local jurídico de Ingresos en Cuernavaca, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 1996. En 1997, asesor fiscal y subprocurador de Juicios sobre Ingresos Coordinados y Asuntos Penales en la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal. Actualmente es subprocurador de Servicios Jurídicos en dicha procuraduría. Ex profesor de la Escuela Bancaria y Comercial; titular por oposición de la cátedra de derecho fiscal y maestro de práctica fiscal en la Facultad de Derecho de la UNAM. Consejero técnico de dicha facultad. Expositor en la especialidad de procesal fiscal, en el posgrado de la Universidad Panamericana, profesor titular en el sistema escolarizado, así como en el computarizado, en el módulo de instancias de servicios al contribuyente y las contenciosas administrativas y judiciales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM y conferenciante en diversas universidades del país.

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Las relaciones familiares no pueden continuar reguladas por normas con criterio privatista. El derecho familiar, en su evolución, ha logrado su autonomía creando, paulatinamente, principios y un perfil propios, pretendiendo fundamentalmente la protección del interés superior del núcleo familiar. Es imperativo promulgar un Código de la Familia en el país, que actualice las instituciones (fuentes e la misma) como la relación paterno filial, la originada por el parentesco, la patria potestad, el matrimonio y, sobre todo, el concubinato, hasta ahora con inconclusa legislación. Es impostergable adecuar la legislación a la realidad social de la familia en México, pues la multiplicidad de ordenamientos de corte familiar que en últimas fechas se han promulgado en el país sólo provoca conflictos de leyes y confusión en su aplicación. Por otra parte, resulta paradójico que habiendo jurisdicción familiar en la mayoría de las entidades federativas no exista todavía un procedimiento idóneo, cuyos principio rectores sean la sencillez y la oralidad, así como la especialización de los jueces, que daría como resultado una justicia familiar rápida y expedita y, sobre todo, un menor desgaste en las relaciones familiares.

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