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JESUS ZAMORA PIERCE

JUICIO ORAL: UTOPIA Y REALIDAD
PORRUA

Parafraseando a Quevedo diré que aplicar el juicio oral es imposible y, además, no se puede hacer. Los autores de la reforma saben que el juicio oral no puede ser aplicado y han concebido diversas vías de escape por las cuales pretenden encaminar la casi totalidad de los litigios penales. En esta obra estudio esas vías de escape, expongo la inconstitucionalidad de algunas de ellas y demuestro que el juicio oral es una utopía que intenta ocultar la realidad: el Estado no tiene la capacidad para llevar a cabo los juicios orales.

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EL FRAUDE
PORRUA

Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que este se halla, se hace lícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Al igual comete delito de fraude genérico al que engañando a uno o aprovechándose en que otro se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero.

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GARANTIAS Y PROCESO PENAL
PORRUA

El Derecho Civil se ocupa de la propiedad, el suyo es un vocabulario de bienes, de contratos y de obligaciones; el Derecho Penal, en cambio, centra su atención en los bienes fundamentales del hombre: la honra, la libertad, en veces la vida. El primero, dice CARNELUTTI, es el Derecho del haber, el segundo, el Derecho del ser. La naturaleza de los bienes en conflicto marca el correspondiente proceso. En el proceso civil se enfrentan dos particulares, quienes litigan acerca de sus intereses patrimoniales y esperan la sentencia de un órgano estatal desapasionado e imparcial. En el proceso penal, el Estado mismo entra en liza como parte acusadora. Principia entonces el enfrentamiento entre el individuo y el todopoderoso Leviatán; entre el hombre y el Estado. En esa lucha desigual el resultado está decidido de antemano: la dignidad del hombre será destruida por la acción autoritaria; la resistencia a la opresión será inútil; el Estado, empleando como instrumento el proceso penal, aterrorizará las conciencias, doblegará las voluntades e impondrá la tiranía irrestricta. Todo ello ocurrirá, a menos que las leyes establezcan normas a las que deberá sujetarse necesariamente el proceso penal, límites a la acción acusadora del Estado y derechos de los que disfrutará necesariamente el procesado y que deberán ser respetados por las autoridades; es decir, un Estado de Derecho que reconozca y garantice los derechos humanos del procesado penal. Una sociedad se define por lo que prohíbe y castiga, y por cómo lo castiga, más que por lo que dice sostener y querer. La enumeración de todos los pueblos de la Tierra, indicando las garantías que sus respectivas legislaciones otorgan al procesado penal, permitiría una jerarquización cierta del grado de civilización, libertad y democracia alcanzado por cada nación. Los derechos humanos son unos recién llegados al mundo del Derecho. Ciertamente, el tema que nos ocupa no tiene antecedentes entre los viejos pueblos de Oriente, ni los encuentra tampoco en la antig?edad clásica greco-romana. Los primeros textos legislativos de importancia, en esta materia.

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