La realidad influye y orienta a la Constitución, tanto o más como ésta fuerza y condiciona a aquella. Y es que entre norma constitucional y vida real existe una relación dialéctica que se manifiesta a través de los procesos políticos fundamentales de un régimen: el proceso constituyente, que crea y modifica las constituciones; el proceso de creación normativa, que incluye la formación y adopción de leyes, interpretaciones jurisprudenciales, la normación administrativa y toda la compleja urdimbre de reglas jurídicas; el proceso de designación de los gobernantes, que desarrolla la elección democrática, sus sistemas y regulaciones, pero que también tienen capacidades creativas de normatividad, por lo que no son simples comisarios de quienes legislan, pues el gobierno pretende legitimidad y efectividad en la formulación y ejecución de políticas públicas y se concibe, así, como la gestión múltiple del servicio público y la obtención y distribución de los recursos, de manera que hacia esos fines pretenden dirigirse los gobiernos de democracia constitucional, regidos por principio mayoritario, o por el principio consensual, es decir, los diferentes tipos de gobierno según los paradigmas contemporáneos. La democracia deliberativa y de empoderamiento ciudadano es acuciosamente analizada en esta muy original Teoría Constitucional, en la que cabe la legitimidad del proceso de planeación, que puede vincularse a los pactos políticos deliberativos y desde luego plurales. La democracia constitucional es también proceso de control por y entre poderes y control ciudadano sobre los gobernantes. En este marco, los procesos de control y de opinión y el control por la información como derecho fundamental ciudadano, se conjuntan con la representación y la república representativa, que no cierran sino franquean el paso a la intervención ciudadana directa y a los procesos de presión, oposición y reivindicación, donde se analizan los fenómenos sociopolíticos de la opinión pública, las encuestas, los lobbies y el cabildeo, el direct mail, las redes sociales, el autocontrol de los medios de comunicación, los organismos no gubernamentales y los temas convencionales de la didáctica académica y del Programa de la Teoría de la Constitución.

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